La comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó ayer en primer debate el proyecto de ley 386, que crea el mecanismo nacional para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El documento aprobado se da en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, ratificado mediante la Ley 26 de 2011.
Esta instancia, que funcionará como una Dirección Nacional adscrita a la Defensoría del Pueblo, podrá inspeccionar, además de las cárceles, los centros de detención de jóvenes en conflicto y verificar las condiciones en que se encuentran.
La ministra encargada de Gobierno, María Luisa Romero, señaló que este será un ente independiente que podrá dar recomendaciones a las autoridades competentes para que mejoren el trato y las condiciones en estos centros.