El magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Ayú Prado, en funciones de fiscal, decretó el archivo provisional de tres investigaciones seguidas al expresidente Ricardo Martinelli y a los diputados de Cambio Democrático (CD) Sergio Chello Gálvez y Vidal García.
Las pesquisas están relacionadas con contratos para la compra de granos a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Ayú Prado alegó que hasta el momento no se han podido reunir “elementos de convicción idóneos que acrediten un hecho con apariencia punible”.
AYÚ PRADO SALVA A TRES DIPUTADOS DE CD
Archivadas de manera provisional fueron las investigaciones seguidas al expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano Ricardo Martinelli y a los diputados locales de CD Vidal García y Sergio Chello Gálvez, por presuntas irregularidades en la compra de granos con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
La decisión fue aplicada por el magistrado José Ayú Prado, quien funge como fiscal en estos tres procesos, que se siguen por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y contra el patrimonio económico en perjuicio del desaparecido PAN, ahora Dirección de Asistencia Social (DAS).
Ayú Prado fundamentó su decisión en el artículo 275 del Código Procesal Penal, que dice: “El fiscal puede disponer el archivo del caso, motivando las razones, si no ha podido individualizar al autor o partícipe o es manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción. En este caso, se podrá reabrir la investigación si con posterioridad surgen elementos que permitan identificar a los autores o partícipes”.
Al rendir indagatoria en enero de 2015 ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, el exjefe del PAN Rafael Guardia Jaén reveló que adjudicó los contratos para la compra de granos por instrucciones de Adolfo Chichi De Obarrio, entonces secretario del expresidente Ricardo Martinelli.
Por esta razón, la fiscalía remitió copias del expediente a la Corte, para que investigara lo relativo a Ricardo Martinelli.
Los diputados Gálvez y García fueron investigados por gestionar, supuestamente de formar irregular, la compra de granos.
En el caso de García, la empresaria Mara del Carmen Vergara, de Suplidora Edimar, S.A., declaró que le entregaba un porcentaje del dinero cobrado a los diputados. Gálvez solicitó la compra directa de arroz para su circuito.