El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, a fin de que se investigue a la jueza cuarta penal, Yoideth Chirú, quien liberó a 25 presuntos narcotraficantes.
Al fiscal auxiliar de la República, Marcelino Aguilar, corresponderá investigar la denuncia penal interpuesta por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, contra la jueza cuarta penal, Yoideth Chirú M., tras la liberación de 25 personas investigadas por narcotráfico.
Una fuente judicial confirmó a este diario que la investigación surgió luego de que el fiscal primero de Drogas, Markel Mora, remitiera una carta a la Presidencia de la Corte, en la que expuso una serie de supuestas irregularidades en el fallo de la jueza y Ayú Prado procedió a presentar una denuncia.
La fuente reveló que la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, comisionó a Aguilar para iniciar las diligencias sobre las presuntas irregularidades contenidas en la decisión de la jueza Chirú.
Previamente, el fiscal Mora envió un informe a la procuradora Porcell, en el que detalló que la jueza Chirú desconoció el trámite que se le da a las interceptaciones de comunicaciones en materia de drogas y cuestionó la certificación emitida por la Sala Penal de la Corte, que avaló las escuchas telefónicas a los presuntos implicados en el delito.
Además, el fiscal Mora añadió en su informe que el fallo de la jueza llegó para notificación a la fiscalía el 1 de julio de 2016 a las 4:05 p.m., pero mediante oficio No. 42 del 29 de junio ya había ordenado poner en libertad a los 25 investigados, entre ellos, varios que no se encontraban detenidos.
Sostuvo Mora que las libertades fueron otorgadas por la jueza sin que el citado fallo estuviera debidamente ejecutoriado, como lo obliga la legislación nacional vigente.
Esta es la segunda investigación que asume el fiscal Aguilar relacionada con presuntas irregularidades por parte de funcionarios judiciales.
Aguilar desmanteló una red integrada por funcionarios del Segundo Tribunal Superior, que supuestamente cobraban dinero para fijar fechas de audiencia e influir sobre los jurados de conciencia para favorecer a imputados en casos de homicidio.