La Comisión de Estado Por la Justicia, por intermedio de su coordinador, el procurador de la Administración Rigoberto González, volvió a pedirle explicación al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, sobre los criterios que usó para el nombramiento de los 931 funcionarios que formarán parte del sistema penal acusatorio (SPA) en el primer distrito judicial.
Esto, luego de que Ayú Prado ignorara la primera carta que le envió la comisión el 3 de agosto pasado, en la que se le consultó sobre las controvertidas designaciones. “Ha transcurrido un tiempo razonable sin que hasta la fecha se haya dado una respuesta a esta”, dice la nueva misiva de la comisión, que ha criticado el hecho de que no se tomara en cuenta la carrera judicial para contratar a los funcionarios del SPA. “El nombramiento de todas las personas que han de ocupar cargos en el Órgano Judicial debe hacerse de acuerdo con las ejecutorias y méritos que estas acrediten (...)”, precisa la nota enviada a Ayú Prado.
El grupo espera que el magistrado atienda su consulta, tomando en cuenta que el Órgano Judicial forma parte de él.
La Comisión de Estado por la Justicia se reunirá el próximo viernes con representantes del Ejecutivo, quienes les detallarán el presupuesto asignado para la implementación del SPA y la carrera judicial.