Sectores de la sociedad civil denunciaron que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, “actuó al margen de la ley” tras admitir que los nombramientos de funcionarios que laborarán para el sistema penal acusatorio (SPA), que entrará en vigencia el 2 de septiembre próximo en el Primer Distrito Judicial, se hicieron sin los requerimientos de la Ley 53 de 2015, de Carrera Judicial.
Ayú Prado justificó ayer que el pleno de la CSJ efectuó casi 300 nombramientos de jueces y magistrados que laborarán en el SPA, porque no se asignaron los recursos para implementar la carrera judicial.
No obstante, según sectores ligados al ámbito judicial, en 2015, el Ejecutivo asignó $10 millones para implementar la carrera judicial, pero, con el aval de Ayú Prado, los fondos fueron transferidos para cubrir los gastos de la planilla del SPA.
Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, indicó que lo actuado por Ayú Prado es “alarmante”, ya que se trata de nombramientos hechos al margen de la ley y que pueden ser objeto de una demanda.
En tanto, Annette Planells, del Movimiento de Independientes, dijo que es inadmisible que Ayú Prado utilice como excusa la falta de presupuesto para no cumplir con la carrera judicial.
La diputada independiente Ana Matilde Gómez, representante del Legislativo en la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, aseguró que Ayú Prado tenía que acudir a la Asamblea a pedir un traslado de partida para implementar la carrera judicial, que exigía los concursos para que los funcionarios nombrados en el SPA cumplieran con ciertos perfiles.