En una decisión que ha sido calificada por los gremios periodísticos del país como positiva, la procuradora de la Nación, Ana Belfon, instó a los fiscales y personeros del Ministerio Público a no procesar a comunicadores sociales por delitos contra el honor, salvo en aquellos casos en que se presenten las pruebas de que estos actuaron con la intención de difamar.
Belfon remitió una circular a sus subalternos el 1 de este mes, en la que los llama a dar cumplimiento a los postulados que sobre esta materia consagra la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dicha declaración rechaza la penalización de los delitos contra el honor cuando el supuesto ofendido sea un servidor público o un particular voluntariamente vinculado con asuntos públicos, y advierte de que en los casos en que proceda la vía civil se debe probar que el periodista actuó con mala intención, con el claro conocimiento de que divulgaba una mentira o negligentemente.