El expresidente Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura), que le acompañan en Bruselas, deberán presentarse ante la justicia belga el próximo 17 de noviembre en la primera audiencia sobre su extradición a España.
La vista –que será a puertas cerradas y sin periodistas– está prevista para las 2:00 p.m. (hora belga) ante la Cámara de Consejo del país europeo, el órgano encargado de dirimir si los líderes independentistas serán entregados a la justicia española.
Ese día, los imputados por las autoridades españolas por rebelión, sedición y malversación de fondos serán escuchados por los jueces belgas que integran la Cámara de Consejo. El tiempo de deliberación podría alargarse hasta 15 días.
A su vez, la decisión que tomen podrá ser recurrida por los abogados de los acusados en un plazo ulterior de otros 15 días ante el tribunal de Casación. De manera que la resolución final podría extenderse hasta el mes de febrero de 2018.
La jueza española Carmen Lamela, que instruye el caso sobre la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y la declaración de independencia unilateral de Cataluña, tramitó el pasado viernes las órdenes de búsqueda y captura contra los acusados.
Los cinco políticos quedaron en libertad condicional el pasado domingo, pero el juez de instrucción belga les aplicó una serie de medidas cautelares como la prohibición de abandonar Bélgica y la obligación de presentarse ante las autoridades policiales cada vez que sean requeridos.
Puigdemont aprovechó su nueva condición judicial, que descarta su ingreso en prisión, para acaparar la atención de la opinión pública en un artículo editorial publicado en el periódico The Guardian.
El presidente depuesto cargó contra el sistema judicial español por considerarlo politizado y avisó de que el gobierno cesado reivindicará que no merece ser juzgado. “Defenderemos nuestros derechos hasta el final. Hay mucho más en juego que nuestro futuro personal, está en juego la democracia en sí misma”, adujo Puigdemont.
Su presencia en la capital europea es parte de su estrategia para internacionalizar la crisis de Cataluña y buscar apoyos. Sin embargo, la Comisión Europea volvió a poner tierra de por medio y negó que fuera a mediar en la tramitación de entrega a las autoridades españolas.
En tanto, las fuerzas políticas independentistas tratan de buscar una alianza in extremis ante las elecciones en Cataluña del próximo 21 de diciembre. Hoy termina el plazo para registrar las coaliciones, pero no está nada claro que los que apuestan por la secesión de España vayan a presentarse con una lista única.