La declaración jurada patrimonial de bienes que para algunos funcionarios se ha convertido un acto de mero trámite, podría extenderse a otros miembros del engranaje gubernamental y convertirse en un ejercicio más exigente y abarcador.
Esto se desprende de un anteproyecto de ley presentado ante la Asamblea Nacional por un grupo de diputados electos por la libre postulación.
Un espectro amplio
El anteproyecto de ley busca expandir la obligación de la presentación de la declaración jurada patrimonial a los diputados, sus suplentes, concejales, alcaldes, vicealcaldes, los jefes diplomáticos, cónsules, los superintendentes del Mercado de Valores, Seguros y Reaseguros, así como también a miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos.
Los funcionarios que deben hacerlo actualmente están listados en la Ley 59 de 1999.
La iniciativa, que reformaría esa ley, fue presentada la semana pasada ante la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional y es impulsada por los diputados Gabriel Silva, Juan Diego Vásquez y Edison Broce.
La Ley 59 de 1999 reglamenta el artículo 299 de la Constitución Política de la República de Panamá (hoy 304) que establece quiénes deben presentar la declaración.
Indicios de corrupción
La propuesta también busca frenar acciones que puedan dar indicios de actos de corrupción y por ello se incluye la obligación de presentar una actualización anual de la declaración jurada de estado patrimonial.
Además, incluye la obligación de presentar una actualización anual de la declaración jurada del estado patrimonial cuando se produzcan alteraciones significativas para que las malas prácticas en la administración pública puedan ser atacadas de inmediato.
El anteproyecto cita ejemplos de países como Chile, que mantiene una ley de Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de intereses, en la que se incluye la obligación de una declaración del estado patrimonial para los embajadores, cónsules, alcaldes, concejales y los miembros de juntas directivas de empresas estatales.
Transparencia
El diputado Gabriel Silva alegó que la actual legislación tiene más de 20 años de vigencia y requiere adecuaciones para ajustarla a la lucha contra la corrupción y dar mayor transparencia a la gestión pública.
Estimó que la declaración jurada de estado patrimonial es fundamental para fortalecer la institucionalidad y la lucha contra la corrupción y es una herramienta que forma parte de la cultura de transparencia que debe existir por parte de los servidores públicos, pues evidencia su realidad patrimonial y financiera, con lo cual se puede verificar si existe concordancia entre sus ingresos, su bienes y gastos, lo que a su vez permite detectar posibles irregularidades en cuanto a la probidad en el manejo de los fondos públicos.
El anteproyecto recalca que “reducir la corrupción es esencial para proteger a las personas de injusticias y combatir la pobreza”.
Sociedad civil
Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, es positivo que se busque fortalecer la transparencia en la gestión pública y que ello además requiere de controles a un número mayor de funcionarios que con el crecimiento del Estado fueron quedando al margen de la normativa.
Araúz estimó que la naturaleza de las funciones de estos funcionarios exige mantenerlos bajo este tipo de control para evitar actos de corrupción, que de otra manera podrían pasar inadvertidos.
Annette Planells, del Movimiento Independiente, calificó como excelente la iniciativa, ya que el enriquecimiento injustificado es uno de los delitos de corrupción más fáciles de probar, puesto que la carga de la prueba recae sobre el acusado. Además, estimó que con estas declaraciones es más fácil poder investigar y procesar a los que abusen de su poder.