Las autoridades judiciales mexicanas informaron que aportarán pruebas a un tribunal con la esperanza de que se les permita volver a arrestar y procesar a tres soldados que fueron liberados en un caso donde hubo ejecuciones extrajudiciales.
La Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado el pasado sábado en la noche donde dice que un tribunal le notificó de la liberación de tres soldados acusados de los delitos de homicidio, encubrimiento y alteración de evidencias, por “falta de elementos para procesar”.
El comunicado agrega que los militares fueron liberados “sin perjuicio”, lo que permitirá a la fiscalía aportar pruebas “legalmente suficientes” para poder detenerlos nuevamente.
El 30 de junio de 2014, el ejército informó de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un supuesto enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, municipio del estado de México.
Solo un soldado resultó herido y tres mujeres sobrevivieron, aunque a raíz de una investigación de la agencia AP surgieron contradicciones sobre esa versión y tras investigaciones propias, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como la PGR señalaron que hubo algunas ejecuciones extrajudiciales.
Siete militares fueron procesados en un principio, aunque solo tres fueron acusados de homicidio.
La absolución de los últimos tres militares mexicanos enjuiciados por presuntas ejecuciones extrajudiciales en el caso Tlatlaya, donde 22 civiles murieron en un enfrentamiento con soldados en 2014, fue criticada por la oenegé Human Rights Watch (HRW), que ve incluso “encubrimiento” en la libertad de los siete acusados.
“Ante la evidencia bien documentada de que soldados ejecutaron a civiles en Tlatlaya, el hecho de que nadie sea responsabilizado por esos crímenes sugiere la misma clase de incompetencia grave, o incluso de encubrimiento, que ha sido demostrada en el caso de (los 43 estudiantes desaparecidos de) Ayotzinapa por parte de las autoridades judiciales”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides eran los únicos que enfrentaban cargos por homicidio ante un tribunal civil, estando presos en una cárcel militar de la ciudad de México.
Su sentencia “es sumamente grave”, porque consolida la impunidad de uno de los casos más relevantes de violaciones de derechos humanos de militares en la historia reciente de México”, dijo el subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, a la agencia AFP.