A través de mensajes en intervalos de unos cuantos días, Cambio Democrático (CD) asedia a su maquinaria, compuesta por funcionarios y simpatizantes, para que complete la cuota asignada en la pirámide de base de datos de su candidato presidencial José Domingo Arias, denunciada por el Tribunal Electoral (TE) por supuesto plagio de información confidencial.
“Faltan solo (...) días para el lunes 31 de marzo, fecha esta en que será evaluada la meta de los candidatos, coordinadores y multiplicadores de 360 Political, la cual se hará en una reunión con la presencia del candidato y del Presidente del partido, por eso todos debemos hacer hasta lo imposible por alcanzar nuestras respectivas metas”, advierte uno de los mensajes que se envía a los que participan en este programa, por voluntad u obligación, según revelaron a este medio varios funcionarios que prefirieron mantener en reserva su identidad, por posibles represalias.
El resto del mensaje lleva información personalizada, en la que detallan cuántas personas le faltan para cumplir la meta, y qué conocidos o familiares miembros de CD les faltan por inscribir.
La base de datos, según pudo comprobar este diario, revelaba información sensitiva de toda la población: su afiliación política, su fecha de nacimiento, si trabajaba en el gobierno y si pertenecía a algún programa social del Estado (como Ángel guardián o 100 a los 70).
También evidenciaba esta misma información sobre los padres, hijos, hermanos y conocidos de cualquier ciudadano. Todos aparecen con la fotografía de la cédula de identidad personal.
Precisamente, el TE denunció esta plataforma ante el Ministerio Público (MP) al considerar que esa información se obtuvo mediante un plagio a varias de sus bases de datos: el Sistema de Verificación de Identidad (SVI), el árbol genealógico, y la afiliación política de todos los ciudadanos.
CD, con versiones contradictorias, niega algún delito en este tema. Arias asegura que la información se recopiló con entrevistas personales y se ilustró con las fotografías del padrón electoral que el TE les entregó. Por su lado, la subsecretaria de CD, Alma Cortés, afirma que se trata de un hackeo (delito cibernético).
Esta no es la primera vez que la institución electoral denuncia un plagio cibernético. En 2012, el TE le envió una carta al ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, en la que informaba de la cancelación de las cuentas del SVI de dos funcionarios de esta entidad por tomar información confidencial y entregársela al diario oficialista Panamá América.
INFORMACIÓN ESTATAL
En conversaciones con este medio, varios funcionarios revelaron que recibieron llamadas y correos de sus superiores para que participaran de la pirámide de Arias.
A pesar de no ser estar inscritos en el partido, sus perfiles contenían sus números de celular y sus correos electrónicos personales, y sus direcciones residenciales; información que solo conocían los departamentos de desarrollo humano de las instituciones en las que laboran.
Representantes de la campaña de Arias también llaman a los teléfonos residenciales de los que participan en la pirámide. “A mi casa han llamado a mis hijos y a mi esposo. Les preguntan si ya decidieron por quién votarán, y si contestan que no saben, les preguntan si me conocen a mí”, dijo una de las fuentes. “Desde las últimas dos semanas me llaman tres veces a la semana”, añadió.
Mientras tanto la procuradora, Ana Belfon, informó que el primer paso será investigar las disposiciones legales que permitieron que el TE haya implementado el SVI para sus consultas. En su denuncia, el TE asegura que a las bases de datos que fueron plagiadas solo tenían acceso seis instituciones: los ministerios de Gobierno, Público y Presidencia; la Contraloría General de la República, la Policía Nacional y la Fiscalía General Electoral.
“Se hace necesario que se descubra y se responsabilice a los criminales que indebidamente hayan ingresado, utilizado y modificado información o datos que reposaban en la base de datos del sistema informático brindado por el TE”, afirma el TE.
El fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, aseguró ayer que no fue él quien suministró información al equipo de campaña de José Domingo Arias para la creación de la base de datos con información oficial.
Dijo que, en efecto, tiene acceso al sistema de verificación de identidad del Tribunal Electoral (TE) para temas de investigación, igual que todos los fiscales. Agregó sentirse indignado porque “me tomaron como ejemplo” en una nota periodística de este diario sobre el tema. “Es un delito contra la intimidad, que revelen este tipo de información. Revelaron los datos de mis hijos”, dijo. El fiscal aparece en la base de datos de CD y sale registrado como un ciudadano sin afiliación política. Además, el sistema reveló que la esposa y sus dos hijos están inscritos en CD y son actualmente funcionarios.
Las declaraciones de Peñaloza se dieron en entrevista al programa radial La Palabra, que conduce la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, en la emisora KW Continente. El fiscal también se refirió al incidente en el que el funcionario prohibió a un reportero gráfico de La Prensa tomarle fotos cuando salía en su auto de la sede de la institución en Bella Vista, en una cobertura periodística.
Peñaloza manifestó sentirse amenazado. Relató que el 18 de marzo pasado, el periodista Luis Burón-Barahona “llamó muy temprano” al jefe de relaciones públicas, José Félix Ardines, para preguntarle si el fiscal conducía una Prado blanca.“En efecto, uso una Prado blanca que es de la institución... después del horario, uso mi carro particular”, agregó. Indicó que ese día –3:50 p.m.– se dirigía a una diligencia [que no explicó], cuando observó un automóvil estacionado frente a la fiscalía. “El vehículo no tenía identificación y era de color blanco, además tenía los vidrios ahumados”, describió. Cuando tuvo que hacer un alto, agregó, fue que se percató de que habían bajado el vidrio del vehículo para tomarle la foto.“En ese momento pensé que era un arma e incluso me pasó por la mente reaccionar de una manera, por instinto, y defenderme... le digo a los señores ¿ustedes por qué hacen esto?”, destacó. A su juicio, habían puesto en peligro su seguridad. “Nunca se identificaron. Llamé a la policía y fue cuando se identificaron”, dijo Peñaloza. Los periodistas de este medio aclararon que sí se identificaron.Para Peñaloza, todo se trata de “una campaña” en su contra que se originó desde el caso de las elecciones en El Bebedero, Los Santos, en diciembre de 2011. Tras una impugnación a ese elección, el TE hizo un proceso y determinó que hubo irregularidades y ordenó nuevos comicios. La fiscalía, dirigida por Peñaloza, no admitió que la supuesta compra de votos fuese causal para que se anulara esa elección, la cual había ganado la candidata de CD, ni tampoco ha concluido la investigación sobre delitos electorales en esas elecciones.
Eduardo Mendoza