El presidente, Juan Carlos Varela, advirtió ayer que el Consejo Económico Nacional (CENA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendría que “revocar” el contrato de arrendamiento entre la Alcaldía de Taboga y Boná Pacific Corp., para la instalación de una terminal petrolera en isla Boná, santuario de vida silvestre y marina en el golfo de Panamá.
“Yo estoy totalmente de acuerdo con la posición de la población en ese caso [rechazo al proyecto petrolero]. Yo estoy preguntando desde que salió la noticia, y hasta ahora lo que me han dicho es que lo presentó un alcalde, pero hoy, nuevamente, en Consejo de Gabinete, voy a preguntar qué firma de abogados o quién está detrás de esta situación que me ha llamado la atención”, afirmó el mandatario tras la publicación de La Prensa.
Varela informó que pidió un informe a los ministros de Ambiente, Emilio Sempris, y del MEF, Eyda Varela de Chinchilla, para que “me den información puntual sobre quién está detrás [del contrato]”. Al paso que señaló que “el CENA tendría que revocar esa decisión”.
A través de dos comunicados seguidos a inicios de abril, el CENA justificó la aprobación del contrato de arrendamiento de isla Boná para una terminal petrolera, por un periodo de 20 años prorrogables y con opción a venta, señalando que habría cumplido con la ley.
El presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Armando Rodríguez, y el dirigente ambientalista Donaldo Sousa, solicitaron al gobierno que rechace el contrato porque riñe con el desarrollo turístico y ambiental del país.
Rodríguez indicó que el proyecto en Boná pondría en “peligro” todo el desarrollo turístico en la zona, así como los más de 10 mil empleos que generan los hoteles.
Mientras que Sousa señaló que Sempris está “ignorando las atribuciones que tiene por ley” para proteger Boná.
Para el próximo lunes 22, el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá efectuará una manifestación pacífica frente a la Asamblea Nacional en defensa de isla Boná.