La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido dos solicitudes de denuncias contra el Estado panameño, del total de las que se han presentado por diversos grupos y personas, señala un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De acuerdo con el documento al que tuvo acceso este medio, en lo que respecta al periodo de la actual administración del presidente Juan Carlos Varela, la CIDH ha admitido dos casos.
Se trata de la medida cautelar que le impuso este organismo al Estado panameña tras solicitar el cierre de la cárcel transitoria de Punta Coco, en la isla de San Miguel, en la que se encontraban delincuentes de alta peligrosidad.
Asimismo, la CIDH admitió este año el caso que presentaron familiares de las 109 personas desaparecidas durante la dictadura militar (1968-1989).
También se cerró un caso confidencial en el que las autoridades no pueden identificar a los peticionarios, debido a que el reglamento de la CIDH lo impide.
Mientras, se dictó una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) a favor de los pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano, por daños causados por la represa hidroeléctrica de Alto Bayano en 1972.
La sentencia fue dictada en octubre del año 2014 y en la misma se condenó al Estado a pagar $2.5 millones de compensación económica por afectaciones causadas tras la construcción de la hidroeléctrica Bayano.
Farah Urrutia, directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, indicó que la CIDH también les ha solicitado un informe sobre el caso de Barro Blanco y de los indígenas Naso y Bribrí. “Solo han pedido un informe, no hay ninguna admisión ni ninguna medida” en esos temas, acotó.
Durante el gobierno anterior (2009-2014) se presentaron varias solicitudes de demanda contra el Estado, de las cuales la CIDH dictó una medida cautelar en la demanda que presentaron “las comunidades indígenas Ngäbe y sus miembros en el Valle del río Changuinola”, con los que ahora el Estado tramita una solución amistosa, a través de una mesa de diálogo aún vigente.
En reiterados informes de este organismo se señala que Panamá es uno de los países con menos peticiones de demandas contra el Estado, en comparación con otras naciones de la región, como, por ejemplo, México, El Salvador y Nicaragua.
Los casos de la CIDH son procesos bastante largos, pueden demorar incluso ocho años para que pasen a la Corte-IDH. En la actualidad, el país no tiene casos pendientes en ese último ente, se indicó.
PENDIENTES
Entre las solicitudes de demandas pendientes de ser admitidas se encuentra, por ejemplo, la que interpuso la exprocuradora de la Nación y hoy diputada independiente Ana Matilde Gómez.
Gómez, quien fue destituida en 2010 por la Corte Suprema de Justicia, interpuso en 2011 la denuncia ante la CIDH, alegando que en el proceso seguido en su contra se vulneraron sus derechos y no hubo un debido proceso que garantizara la independencia de los órganos que conocieron el caso, lo que violó la Convención Americana de Derechos Humanos.
También se encuentra pendiente una demanda presentada por la exministra de Trabajo Alma Cortés y otros abogados que alegan que existen acciones de persecución e intimidación por parte del gobierno de Varela.
De igual manera, está el caso del exdefensor del Pueblo Liborio García, quien fue destituido del cargo en 2006 por la Asamblea Nacional, tras acusaciones de maltrato doméstico. García aduce que hubo irregularidades cometidas.
También está la demanda del periodista holandés Okke Ornstein, quien alega violación a su libertad.