El fallo de la Corte Suprema de El Salvador, contra una ley de amnistía de 1993, rompe los obstáculos para investigar los crímenes cometidos en la guerra civil y abre camino hacia la verdad y la justicia, dijo ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la CIDH, al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, el máximo tribunal salvadoreño eliminó“los obstáculos que la normativa representaba para la investigación de los graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado interno, la identificación de sus responsables, la aplicación de sanciones, y la determinación de reparaciones justas”.
La CIDH también espera que las investigaciones de los crímenes cometidos en el conflicto (1980-1992) den resultados concretos, que prevengan nuevas violaciones de derechos humanos.
El caso es una victoria para la CIDH, que desde la década de 1990 había pedido la eliminación de la ley, señalando que era contraria a las obligaciones internacionales de El Salvador y llamando a dar a las víctimas protección judicial.
La ley de amnistía se había aplicado en varios casos, como el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero y la ejecución de seis sacerdotes jesuitas, recordó la CIDH.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador declaró el pasado 13 de julio que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993 es inconstitucional por ser “contraria al derecho al acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales”.
La decisión fue aplaudida por organizaciones de derechos humanos, pero criticada por el Gobierno que, en declaraciones del ministro de Defensa, la calificó como un “error político”.
La guerra civil salvadoreña, que concluyó con la firma de acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, dejó en 12 años una estela de 75 mil muertos, unos 7 mil desaparecidos y cuantiosas pérdidas a la economía del país.