La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer su preocupación ante las denuncias sobre irregularidades, arbitrariedad y ausencia de garantías al debido proceso relacionadas con la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff.
“Ante los cuestionamientos sobre faltas al debido proceso, la CIDH considera de especial importancia la observancia que las autoridades competentes del Poder Judicial de Brasil proporcionen a este caso”, dijo en un comunicado el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos.
La Comisión señaló que actualmente analiza una solicitud de medida cautelar y una denuncia sobre la destitución, interpuestas el mes pasado por legisladores brasileños afines al partido político de Rousseff.
La CIDH precisó que su nuevo secretario ejecutivo, Paulo Abrao, se recusó de conocer ambos recursos, ya que se desempeñó como secretario nacional de Justicia de Brasil durante el primer mandato de Rousseff.
Por otro lado, los grandes partidos de la coalición de gobierno interpusieron un recurso ante el Supremo Tribunal de Brasil ayer para que revierta la decisión del Senado que permite que la expresidenta siga activa en política, por considerarlo inconstitucional.
En tanto, el presidente Michel Temer, quien juró el cargo tras la destitución de Rousseff, calificó de “pequeña vergüenza” la no inhabilitación de la política de izquierda, durante su gira por China, aunque matizó: “El Senado tomó su decisión, para bien o para mal, pero el Senado tomó su decisión”.
Rousseff fue depuesta tras ser hallada culpable de manipulación del presupuesto federal, para esconder el estado real de la economía, antes de los comicios de 2014.