Diputados del oficialista Partido Panameñista pedirán al pleno legislativo la reconsideración del artículo 120-c del proyecto de reformas al Código Electoral, que fue aprobado eliminando la posibilidad de que sectores de la sociedad civil tuvieran el mismo número de integrantes que tienen los partidos políticos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).
El primer vicepresidente de la Asamblea, el diputado Luis Eduardo Quirós, admitió que al aprobarse el primer bloque del proyecto 292 de reformas electorales se desmejoró lo aprobado en la CNRE relativo al número de miembros de la sociedad civil organizada en esta instancia.
No obstante, señaló que la posición del panameñismo es reconsiderar este tema y apoyar la posición de que la sociedad civil esté representada de manera igualitaria en la CNRE. “Ya hemos estado conversando con algunos diputados de diversas bancadas y por la solicitud de reconsideración irá nuestra posición”, enfatizó.
Para Cristina Torres Ubillus, los diversos sectores de la sociedad civil representadas en la CNRE impulsarán lo más que puedan lo que propuso el Foro Ciudadano pro Reformas Electorales y que se incluyó en el proyecto 292.
“Ya hemos dialogado con los magistrados del Tribunal Electoral (TE) a efectos de que exista un interés permanente de que estos apoyen las propuestas que presentó el Foro Ciudadano y que aprobamos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales”, precisó.
DEFENDERÁN REFORMAS
En tal sentido, el magistrado del TE Heriberto Araúz manifestó que esta entidad defenderá por cuestión de principios los temas medulares que ha propuesto la CNRE en este proyecto de ley.
“Los magistrado nos oponemos a la votación que se dio de esta norma y consideramos que lo que se aprobó en la Comisión de Reformas era equiparar los miembros de la sociedad civil con los de los partidos políticos. Eso es lo más saludable para el desenvolvimiento de este organismo”, precisó.
Araúz se refirió también a la propuesta para que funcionarios nombrados en posiciones de mando y jurisdicción se separen de sus cargos un año antes de las elecciones.
La discusión y aprobación de esta moción hecha por el diputado del Partido Popular (PP), Juan Carlos Arango, fue pospuesta por el pleno para cuando se discuta el quinto bloque del proyecto, tras el rechazo de los propios diputados oficialistas.
La propuesta, avalada en la CNRE, establecía un periodo de seis meses para separarse del cargo.
Para el magistrado Araúz, mientras más alejada esté la fecha de separación del cargo del funcionario que quiera participar en política de la fecha del torneo electoral, más saludable es para el país. Ello, dijo, garantiza que ningún aspirante tenga ventajas sobre otro.
En tal sentido, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Leandro Ávila sugirió incluso que en lugar de un año, los servidores públicos con aspiraciones a puestos de elección popular deben renunciar a sus puestos 18 meses antes de las elecciones.
El pleno de la Asamblea Nacional retomará la discusión del proyecto de reformas el lunes 6 de marzo.