El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó una decisión del Primer Tribunal Superior, que negó un amparo de garantías constitucionales al exministro de Obras Públicas (MOP) Federico Suárez.
Con dicho recurso, el exfuncionario atacó una decisión del Juzgado Decimoquinto Penal de dar una prórroga al Ministerio Público para terminar la investigación por peculado en la ampliación de la autopista Arraijan-La Chorrera.
La decisión del pleno de la CSJ de no conceder el amparo a Suárez quedó plasmada en fallo fechado el pasado 11 de marzo. La acción de garantías constitucionales había sido interpuesta por el exministro a través del abogado Rosendo Miranda.
El pleno respaldó el criterio del Primer Tribunal Superior al concluir que la decisión del juzgado de conceder la prórroga fue ajustada a derecho.
Como se dijo, el amparo atacaba una decisión del juez Leslie Loaiza, quien en mayo de 2016 concedió una prórroga de cuatro meses a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga para seguir con las pesquisas del caso.
Tras esa prórroga, el fiscal Adecio Mojica solicitó un nuevo plazo, que también le fue concedido por el juez.
En septiembre de 2018, el fiscal Mojica emitió su vista fiscal del proceso, en la que solicitó al juzgado abrir causa criminal a 11 personas, incluyendo a Suárez y a su sucesor en la cartera del MOP, Jaime Ford.
Hasta ahora, el juzgado no ha fijado la fecha de la audiencia preliminar.
Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República fijó en 7.9 millones de dólares la posible lesión patrimonial en la ejecución de la obra, que estuvo a cargo de la empresa Transcaribe Trading (TCT), cuyos representantes, David y Daniel Ochy, también figuran en la petición del fiscal para que sean llamados a juicio.
Daniel Ochy está detenido y su hermano no ha comparecido al proceso.
Suárez y Ford fueron detenidos, pero luego resultaron beneficiados por el juzgado con fianzas de excarcelación como parte del proceso.
El exministro Suárez permanece detenido desde octubre del año pasado, aunque por otro caso relacionado con supuestos sobreprecios en el proyecto de preservación del patrimonio histórico del Casco Antiguo, que ejecutó la constructora brasileña Odebrecht.