El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó el pasado jueves 25 de febrero solicitar un informe a las instituciones involucradas en la implementación del sistema penal acusatorio para determinar si existen los fondos suficientes para su entrada en vigencia en el Primer Circuito Judicial, que comprende Panamá Oeste, Panamá, Colón, Darién y las comarcas Guna Yala, Guargandí y Emberá Wounaan, prevista para el próximo mes de septiembre.
Una fuente judicial confirmó que los magistrados analizaron la situación del nuevo modelo penal y los recortes presupuestarios al Órgano Judicial, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y el Ministerio Público.
A la vez, decidieron realizar un acercamiento con las entidades que participan de la implementación del sistema y con el Ministerio de Economía y Finanzas a fin de solicitar la agilización de los créditos extraordinarios solicitados por el Imelcf y el Órgano Judicial.
En febrero pasado, el magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, pidió un crédito extraordinario al Ministerio de Economía y Finanzas por $30 millones para la implementación de la carrera judicial ($10 millones) y el sistema penal acusatorio ($20 millones) en el Primer Circuito Judicial, pero estos fondos no han sido entregados aún.
Posteriormente, el MEF le sugirió que se hiciesen esfuerzos para recuperar recursos en concepto de certificados de garantías y fianzas no reclamadas ni devueltas que datan de 5, 10, 15, 20 y más de 25 años.
Se informó que, atendiendo esta sugerencia, la Corte está terminando los trámites para recobrar ese dinero, pero el inventario no concluido indica que la cifra que se recuperaría no asciende ni a la mitad de lo que se solicitó en el crédito adicional.
PERSONAL
Las fuentes dijeron que el Órgano Judicial requiere nombrar a 800 nuevos funcionarios, el Ministerio Público, a otros 162 servidores y el Imelcf, a 300 más. Asimismo, las tres instituciones necesitan dinero para comprar e instalar equipos informáticos.