La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya ha emitido fallos en los que avala o respalda diligencias del Ministerio Público para solicitar información de los movimientos bancarios de personas investigadas por su presunta vinculación con actos delictivos. De hecho, en un fallo del 14 de marzo de 2016, el magistrado José Ayú Prado, actuando como ponente, respaldó un pedido de asistencia judicial hecho por autoridades de Costa Rica para que se solicitara información bancaria de Yoav Rudelman Rochwerguer y Wolf Leib Rudelman Rozgovitz, ambos investigados por evasión fiscal en el vecino país.
En el fallo suscrito por Ayú Prado, la Corte aseguró que la petición hecha por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Costa Rica, con respecto a la solicitud de acceso a las cuentas bancarias en el Towerbank International, Inc., de las empresas Vehículo de Trabajo, S.A.; Comercio de Las Américas, S.A., y Holding de Las Américas, S.A., ligada a los dos investigados, cumple con los requisitos mínimos exigidos por la ley.
Según el fallo, la petición fue hecha por una autoridad jurisdiccional que tiene a su cargo un proceso judicial que requiere de dicha información bancaria para avanzar en la investigación.
También señala que la información será utilizada únicamente conforme a los fines de la investigación penal, que tiene como objeto determinar si las personas jurídicas o físicas que actuaban en las cuentas solicitadas tienen vinculación con los delitos investigados.
En tanto, el pasado 2 de mayo, la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la magistrada Ángela Russo, admitió un amparo de garantías presentado por la defensa de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares contra la decisión de la Fiscalía Especial Anticorrupción de solicitar información de sus cuentas bancarias, como parte de la investigación por supuesto blanqueo de capitales provenientes de sobornos de Odebrecht.
Esta decisión obligó a la fiscalía a suspender las acciones en cuanto a la solicitud de información de las cuentas bancarias.
En enero de 2016, la Corte también admitió un amparo presentado por la defensa de Ricardo Alberto Martinelli Linares, luego de que la Fiscalía Cuarta Anticorrupción pidió información de sus cuentas en 28 bancos, dentro de la investigación del bingo Buko Millonario.