El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sustituyó la medida de detención preventiva por arresto domiciliario al exministro de Obras Públicas (MOP), Federico José Pepe Suárez, dentro del proceso que se le sigue por su relación con el caso Blue Apple, sobre sobornos pagados a contratistas del Estado en el gobierno pasado.
El pleno de la CSJ declaró legal la orden de detener a Suárez que emitió en octubre de 2018 la Fiscalía Sexta Anticorrupción, pero sustituyó dicha medida cautelar por el arresto domiciliario y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.
Los detalles de la decisión se encuentran en el edicto 296 publicado ayer por la Secretaría General de la CSJ.
Las fianzas del exministro
Los magistrados Luis Ramón Fábrega (ponente), José Ayú Prado, Luis Mario Carrasco, Ángela Russo, Cecilio Cedalise y Hernán De León votaron a favor.
Mientras que Harry Díaz y Oydén Ortega (ya retirado) salvaron su voto, y Jerónimo Mejía se abstuvo.
Según las averiguaciones de la Fiscalía Sexta Anticorrupción, el exministro habría recibido unos $330 mil de la sociedad Blue Apple Services Inc., que recolectó $40.6 millones de supuestos sobornos pagados por contratistas del Estado.
El dinero -siempre según las investigaciones- llegó a una cuenta en Metrobank de Inmobiliaria GS del Mar, S.A., una sociedad ligada a Suárez.
El exministro permanecerá en las celdas transitorias de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón, porque aún está vigente la orden de detención que dictó en su contra la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga los supuestos sobrecostos en el proyecto de preservación del patrimonio histórico del Casco Antiguo, que ejecutó Odebrecht. Esta detención fue dictada el mismo día que fue aprehendido por el caso Blue Apple, en octubre de 2018.
El pleno de la CSJ tiene pendiente de resolver un habeas corpus presentado por la defensa del exministro en este último caso.
Súarez también es investigado por los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá; por presuntas irregularidades en la compra de alimentos deshidratados a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), y por los posibles sobrecostos en la ampliación de la autopista Arraiján - La Chorrera y la vía Tocumen.