DELITOS ELECTORALES

‘Corte Suprema de Justicia favoreció la impunidad’

‘Corte Suprema de Justicia favoreció la impunidad’
En un fallo del 4 de abril pasado, la Corte Suprema de Justicia reconoció que sí tiene competencia para resolver los casos electorales.

El 4 de abril pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) archivó, por “falta de prueba idónea”, una denuncia contra la diputada de Cambio Democrático (CD) Dana Castañeda.

Se trataba de uno de los seis expedientes contra diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano (Parlacen) que surgieron al calor de la pasada contienda electoral, por denuncias relacionadas con la supuesta comisión de delitos electorales.

Hasta el fallo de Castañeda, las denuncias por delitos electorales estaban en un limbo jurídico, surgido a partir de una controversia entre la CSJ y el Tribunal Electoral (TE), pues ambas corporaciones alegaban no tener competencia para resolver estos procesos.

En febrero de 2016, la CSJ, en un fallo firmado por siete de los nueve magistrados: José Ayú Prado (presidente), Hernán De León, Harry Díaz, Ángela Russo, Cecilio Cedalise, Abel Zamorano y Luis Ramón Fábrega, argumentó que no podía abordar las denuncias porque se trataba de “materia electoral”.

Los otros dos magistrados, Jerónimo Mejía y Oydén Ortega, salvaron su voto, con el argumento de que sí pueden investigar a los diputados sin importar la materia.

Para sustentar su fallo, la CSJ citó, por ejemplo, el artículo 143 de la Constitución, que establece que “el Tribunal Electoral tendrá, además de las que le confiera la Ley, las siguientes atribuciones que ejercerá privativamente: sancionar las faltas y delitos contra la libertad y pureza del sufragio de conformidad con la ley”.

Además, la CSJ sostuvo que se trataba de un proceso administrativo electoral llevado por el TE, sobre hechos que fueron analizados en un contexto para definir situaciones específicas referentes a las anulaciones de las elecciones de un circuito electoral y que provocaron nuevos comicios.

Por su parte, el TE planteó que por Constitución es la CSJ la encargada de investigar a los diputados, sin importar la materia, razón por la cual esa entidad no resolvería las denuncias.

La disputa se mantuvo así durante meses. Ambas instancias se regresaban los expedientes de los diputados sin dirimir los casos.

CORTE ASUME CASOS

No fue sino hasta el 4 abril de 2017, a pocos días para la prescripción de las denuncias sobre delitos electorales –4 de mayo de 2017–, cuando la CSJ admitió, tras resolver la denuncia contra la diputada Castañeda, que sí tenía competencia en las denuncias electorales contra diputados.

En ese fallo, el pleno de la CSJ explicó el porqué entró a resolver la denuncia. Para ello, hizo hincapié en el artículo 155 de la Constitución Política, que sostiene: “los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el pleno de la Corte por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional”.

También hicieron referencia a lo que establece el artículo 206 del Código Procesal Penal, que señala que “la Corte tendrá entre sus atribuciones legales investigar y procesar a los diputados”.

Igualmente, los magistrados argumentaron que las normas constitucionales “le atribuyen la competencia al pleno de la Corte en atención a la calidad de sujeto denunciado o investigado, cuando se trate de un diputado suplente o principal, es por ello que a pesar de estar en presencia de una denuncia de hechos de naturaleza electoral, la competencia para investigarlos y juzgar a quienes resulten responsables escapa a la jurisdicción electoral cuando la persona denunciada sea un diputado”.

A su vez, sostuvieron que el artículo 487 del Código Procesal Penal mantiene la competencia a la CSJ para investigar a los diputados.

En ese aspecto, explicaron que el citado artículo obliga al TE a enviar a la CSJ el caso en el que aparezca mencionado un diputado.

Para los magistrados de la CSJ, y dados los elementos planteados, solo esa corporación de justicia es competente para investigar y procesar a los diputados, aun cuando se trate de delitos electorales, ya que solo ese órgano del Estado puede juzgarlos e investigarlos.

No obstante, el fallo tuvo el salvamento de voto del magistrado Harry Díaz, quien discrepó con el resto de los miembros del pleno y consideró que el TE debe tramitar estos casos.

CASOS PRESCRIBIERON

Pero la CSJ decidió a semanas de que prescribieran los casos surgidos de los comicios de 2014.

En lo que respecta a la acción penal y la prescripción de la pena, el artículo 422 del Código Electoral dice: “Para los delitos electorales, a los tres años; para las faltas electorales, a los dos años y para las faltas administrativas, al año”.

Antes del fallo de la diputada Castañeda, la CSJ se inhibió de conocer otros siete casos de delitos electorales que involucraban a diputados.

Uno de ellos era el seguido a Armando Guerra, diputado suplente del panameñista Jorge Alberto Rosas. Se le acusaba de la posible comisión del delito contra la honradez y el sufragio.

Igual acción adoptó la CSJ sobre dos expedientes seguidos al diputado Miguel Fanovich, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena).

También se inhibió en dos procesos seguidos al panameñista Jorge Iván Arrocha; y en una denuncia contra Omar Castillo, diputado de CD en el Parlacen.

A pesar de que la CSJ se inhibió en estos casos, el TE le devolvió los expedientes en el año 2016. Y hoy, según el propio TE, vence el plazo para la prescripción de los procesos.

CREAN IMPUNIDAD

Dirigentes de la sociedad civil señalaron que hubo una intención de dilatar el tiempo para iniciar las “investigaciones” y, con ello, favorecer la impunidad en la comisión de delitos electorales.

En este contexto, exigieron cambios radicales en el sistema de justicia, para que, según advirtieron, no se siga burlando a la población.

Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, dijo que la CSJ continúa enviando un mensaje negativo al país. “La intención nunca fue investigar, sino dilatar el tiempo para la prescripción. Esto es una burla”, declaró.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, aseguró que la Constitución es clara y señala que la CSJ es la encargada de investigar a los diputados.

Afirmó que la prescripción de estos casos, debido a la dilatación del tiempo oportuno para investigar, demuestra que el sistema judicial está hecho a la medida de los que están ejerciendo el poder. “La impunidad va a seguir imperando si se continúa con estos actos”, dijo.

En la CSJ no hicieron comentarios sobre las críticas por la prescripción de los casos.

MANTIENEN PLAZOS

Durante el debate de las reformas electorales, los magistrados del TE propusieron que los plazos para la prescripción de los casos por delitos electorales fueran duplicados, sin embargo, no fue aprobado.

La Asamblea mantuvo los plazos, fijados en el artículo 422 del Código Electoral, así: “Para los delitos electorales, a los tres años; para las faltas electorales, a los dos años y para las faltas administrativas, al año”.

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