Cerrado del todo quedó el proceso seguido por el Ministerio Público al empresario Fotis Lymberópulos por la presunta comisión de los delitos de peculado y corrupción, relacionado con el alquiler de helicópteros al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el gobierno pasado.
Esto es así, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo presentado por el fiscal Anticorrupción de descarga, Javier Mitre, encargado del proceso.
Mitre atacó una decisión del Segundo Tribunal Superior Penal, que admitió un incidente de controversia contra la orden de indagatoria a Limberópulos.
En ese fallo, fechado el 30 de agosto de 2017, el Segundo Tribunal confirmó la decisión del Juzgado Decimoquinto Penal de revocar la indagatoria a Lymberópulos por falta de pruebas, pero la fiscalía acudió a la Corte por la vía del amparo.
El pleno de la Corte, con ponencia del magistrado Luis Ramón Fábrega, concluyó que en la investigación no se evidenció ninguna violación a la Constitución por parte del Segundo Tribunal y que, más bien, la auditoría presentada por la fiscalía como evidencia no aportó elementos suficientes para acreditar la posible comisión de los delitos imputados a Lymberópulos.
Asimismo, el pleno advirtió que la información contenida en dicha auditoría, utilizada por la fiscalía para formular cargos al empresario, contiene información inexacta y que los auditores de Contraloría General de la República no confirmaron la información suministrada por la Autoridad Aeronáutica Civil en cuanto a los vuelos de la empresa Heliflight, S.A., propiedad de Lymberópulos, y contratada por el Mides, en ese momento a cargo de Guillermo Ferrufino.
En relación con este último, el Juzgado Decimoquinto Penal emitió un fallo el 8 de noviembre de 2018, que también anuló la indagatoria, tras concluir que la fiscalía incurrió en el mismo error de ordenar la indagatoria sin pruebas.