A través de los juzgados ejecutores, la Caja de Seguro Social (CSS) busca recuperar judicialmente la suma de $100 millones que le adeudan empresarios morosos de la cuota obrero-patronal.
Así lo señaló Ricardo Duncan, coordinador administrativo y judicial del departamento de los juzgados ejecutores de la CSS, quien precisó que se tramitan 28 mil procesos por evasión en el pago de la cuota obrero-patronal.
El funcionario indicó que se tiene proyectado implementar reglas del sistema penal acusatorio en los procedimientos judiciales que llevan adelante los juzgados.
Además, se estudia incluir a los morosos en la base de datos de la Asociación Panameña de Crédito.
CSS REGISTRA 28 MIL PROCESOS POR EVASIÓN DE LA CUOTA
La CSS tramita en los juzgados ejecutores 28 mil expedientes judiciales en concepto de deudas de la cuota obrero patronal, que ascienden a 100 millones de dólares.
El coordinador administrativo y judicial del Departamento Nacional del Juzgado Ejecutor, Ricardo Duncan, detalla que su despacho maneja una gran cantidad de expedientes relacionados con empleadores morosos que adeudan a la CSS el pago de dichas cuotas.
Duncan explicó que existen 10 juzgados ejecutores con jurisdicción nacional en los que se ventilan todos los procesos relacionados con morosidad en el pago de las cuotas obrero-patronales que el empleador debe realizar mensualmente a la CSS.
Reveló que luego de detectar un aumento de los casos por deuda en cuotas obrero-patronal, esa dependencia tomó una serie de acciones con la intención de lograr que los patronos se pongan al día con sus compromisos.
Dijo que los jueces ejecutores están procediendo a la aplicación de medidas cautelares como el secuestro de bienes y el embargo, para poder recuperar la cartera morosa.
Recalcó que la figura del secuestro es un medida preventiva con la que se busca asegurar el pago de la morosidad por parte del empleador y que una vez recuperada, el bien es devuelto.
No obstante, detalló que, a pesar de la medida de secuestro, el empleador incumple el pago de las cuotas adeudadas, entonces se procede a decretar el embargo de la totalidad del bien para su remate posterior y con esa venta pública recuperar bienes a favor de la CSS.
Dijo que otro punto que investigan es la retención ilegal de cuotas por los empleadores, lo que es un delito y eventualmente algunos casos llegan a la jurisdicción penal.
Al respecto, citó el artículo 247 del Código Judicial, el cual señala que “el director, dignatario, gerente, administrador, representante legal, empleado o trabajador de una empresa que, en el término de tres meses, luego de que surja la obligación de pagar, retenga y no remita las cuotas empleado-empleador a la Caja de Seguro Social, siempre que estas superen la suma de mil dólares, o quien haya sido requerido por esta entidad para la liberación de la retención será sancionado con prisión de dos a cuatro años”.
Precisó que en estos casos se pueden aplicar medidas cautelares, como impedimento de salida del país y hasta el arresto provisional, a los que incurren en ese delito.
En ese sentido, detalló que con la implementación del sistema penal acusatorio, cuando los casos llegan a la esfera penal se puede establecer acuerdos, tanto con la CSS como con el Ministerio Público, para evitar la aplicación de sanciones penales.
Reveló que los juzgados ejecutores aspiran a implementar un sistema similar al SPA en la jurisdicción coactiva.
El funcionario manifestó que entre las medidas que tiene en proyecto aplicar la CSS para recuperar las deudas en concepto de cuotas obrero-patronal está incluir a los morosos en la Asociación Panameña de Crédito (APC), como herramienta para lograr reducir la deuda.
Para 2018 -enfatizó- se tiene proyectado iniciar un proceso de depuración de los 28 mil expedientes en trámite por falta de pago de las cuotas obrero-patronal, que incluye la verificación del estatus de cada caso y su actualización en el sistema informático.
También explicó que en la provincia de Panamá existen cuatro juzgados ejecutores que concentran la mayor cantidad de procesos.
En este aspecto, indicó que las medidas de recuperación pueden implementarse primero en Panamá y Colón, lugares donde existe la mayor cantidad de negocios y en donde se concentra la gran masa de empleadores y trabajadores.
Dijo que las herramientas, como el secuestro y el embargo son los instrumentos más utilizados por los jueces para asegurar la recuperación de los fondos que debieron ser enviados a las arcas de la CSS.