La Fiscalía General de Cuentas, a cargo de Guido Rodríguez, informó ayer que el monto de las posibles lesiones patrimoniales al Estado durante la pasada administración asciende, a la fecha, a $201.5 millones, y calculó que estos dineros “son recuperables”.
Hasta el pasado mes de agosto, esta cantidad era de $192 millones.
La fiscalía precisó que maneja 21 casos de “alto perfil”, de los cuales, 8 fueron enviados al Tribunal de Cuentas con sus respectivas vistas fiscales, en las que se solicitó enjuiciar a los vinculados.
La fiscalía pidió juicio para los señalados en el caso de los contratos por $44.9 millones para la compra de alimentos deshidratados, cuya investigación se inició el 24 de febrero de 2015; así como para los supuestos implicados en el proceso de la adquisición de bolsas de comida por $33.2 millones, expediente que ingresó el 5 de agosto de 2015.
También pidió juicio por el proceso relacionado con el alquiler de helicópteros por $10.1 millones, y por los contratos para la compra de mochilas por $20.3 millones, cuyo proceso se inició el 18 de junio de 2015.
Además, solicitó llamar a juicio a los señalados en el caso de la adquisición de llantas ($163 mil), y por la investigación del segundo contrato para la compra de comida deshidratada por $14.5 millones, abierto el 8 de diciembre de 2015.
Todas estas compras se efectuaron a través del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN).
También pidió el llamamiento a juicio a los investigados por supuestas irregularidades en el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), y por el manejo de fondos por la Fundación Universidad de Panamá.
“Los montos de los perjuicios económicos son recuperables, debido a que una vez ingresa el expediente a la fiscalía, se solicitan medidas cautelares al Tribunal de Cuentas para garantizar que el proceso que se abre mediante el análisis previo del informe de auditoría de la Contraloría, no sea ilusorio”, dijo el fiscal Rodríguez.