La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) recomendó ayer que se inhabilite para contratar de tres meses a tres años a las personas naturales o jurídicas, sus filiales, subsidiarias, cuyos accionistas mayoritarios, directores, dignatarios o representante legal, que mediante sentencia judicial hayan sido condenadas por tribunal panameño o extranjero, por delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, entre otros.
En una carta remitida al diputado del oficialista Partido Panameñista José Luis Varela, antes de que se aprobara en segundo debate el proyecto de ley de contrataciones públicas, la organización empresarial también sugirió que fueran inhabilitadas para celebrar actos públicos aquellas empresas o personas físicas que aparecen como vetadas en la lista del Banco Mundial (BM) para celebrar actos públicos en los países. En este caso la inhabilitación duraría el período que señala la lista. Esta propuesta era similar a la presentada en el pleno por el diputado panameñista José Antonio Domínguez, la cual fue rechazada por la mayoría de sus propios copartidarios y por colegas de otros partidos.
La misiva fue suscrita por el presidente de la Cciap, Jorge García Icaza. Según el Banco Mundial, los proyectos de desarrollo que son son ejecutados mediante actos de fraude y de corrupción salen más costosos debido a que hay que pagar la comisión ilegal o soborno o simplemente se reduce la calidad de los mismos para poder financiar estos costos extraordinarios.