INVESTIGACIÓN

Cambiaban cheques de la Asamblea Nacional por materiales de construcción

Cambiaban cheques de la Asamblea Nacional por materiales de construcción
Cambiaban cheques de la Asamblea Nacional por materiales de construcción

Moradores de la comunidad de Bahía Honda, en la provincia de Veraguas, testificaron ante el Ministerio Público que cambiaron cheques provenientes de la Asamblea Nacional (AN) a cambio de recibir materiales de construcción durante el actual período gubernamental.

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Algunos de los entrevistados testificaron ante la Fiscalía Séptima Anticorrupción –que investiga este caso– que habían cambiado los cheques en la sucursal del Banco Nacional de Panamá en Santiago, Veraguas, pero la fiscalía detectó que se hicieron efectivos en tres sucursales del BNP de la ciudad de Panamá.

También revelaron al Ministerio Público que la intermediaria de la operación fue Vielka Camarena, actual representante de Bahía Honda, quien buscará la reelección para ese puesto en los comicios del 5 de mayo.

Las pesquisas forman parte del proceso que adelanta la fiscalía tras una denuncia interpuesta por la Contraloría General de la República contra una cajera del BNP, que cambió 318 cheques provenientes de las planillas que manejan los diputados, y de donaciones que entregaba la Asamblea Nacional.

El insólito trueque que se gestó en Bahía Honda

Nuevos elementos salen a relucir como resultado de las pesquisas que adelanta la Fiscalía Séptima Anticorrupción, a cargo de Leyda Sáenz, por supuestas irregularidades en el cambio de cheques de donaciones de la Asamblea Nacional durante el actual periodo gubernamental.

Esta vez, la fiscalía detectó que moradores de la lejana comunidad de Bahía Honda, ubicada en la provincia de Veraguas, cobraron cheques provenientes del Órgano Legislativo, pero, a diferencia de la mayoría de otros casos objeto de investigación, no se quedaron con un pequeño porcentaje del dinero, sino que recibieron materiales de construcción a cambio de la gestión. Y así lo declararon al Ministerio Público.

En cambio, otro grupo de pobladores de ese corregimiento, perteneciente al distrito de Soná, admitió ante la fiscalía que sí recibió un porcentaje del dinero.

Algunos, por otro lado, narraron que el pago que recibieron fue por haber efectuado trabajos de limpieza en áreas públicas de la comunidad, pero pagados con fondos de la Asamblea.

La intermediaria

En lo que sí coincidieron todos los entrevistados por el Ministerio Público fue en el nombre de la intermediaria. Se trata de la actual representante de Bahía Honda, Vielka Judith Camarena, quien aspira a la reelección en ese puesto, postulada por los partidos de oposición Cambio Democrático (CD) y Alianza.

De hecho, el Ministerio Público solicitó al Tribunal Electoral que le levante el fuero penal electoral del que goza por ser candidata a un puesto de elección popular para las elecciones del 5 de mayo, para así poder investigarla por este caso.

Se intentó obtener la versión de Camarena, pero fue imposible.

Paradisíaca, pobre y codiciada, así es Bahía Honda

De acuerdo con el informe de Pobreza y Desigualdad de Panamá de 2015, el 64.1% de los mil 53 pobladores de Bahía Honda vivía en pobreza general, y el 29.9% en pobreza extrema. Eso podría explicar por qué buena parte de la comunidad depende de los distintos subsidios que otorga el Estado.



Otro caso

No es la primera vez que el nombre de Camarena sale a relucir en un caso relacionado con cheques y pagos ligados a fondos públicos.

En junio de 2014, este medio reportó que la junta comunal que dirige Camarena le administró medio millón de dólares al diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) Francisco Pancho Alemán.

En ese entonces, se informó que, curiosamente, Camarena es hermana de Maira González, quien en ese momento era asistente del mencionado diputado.

Camarena y otros representantes y alcaldes de apartadas zonas del país, que le gestionaron fondos a diputados, estaban amparados por el Decreto 394-2010-DMySC, que firmó la contralora de aquella época, Gioconda Torres de Bianchini (q.e.p.d.), el 21 de octubre de 2010.

La norma decía que para manejar fondos entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas a los diputados había que abrir una cuenta bancaria exclusiva para esos fines, y que su manejo se haría “sin la contrafirma del fiscalizador de la Contraloría General”.

En el quinquenio 2009-2014, los diputados recibieron, al menos, $403 millones en concepto de partidas circuitales, dinero que en muchos casos fue administrado por apartadas juntas comunales. Este es otro caso que investigan las autoridades judiciales.

Buscan más pistas

Sin embargo, las pesquisas del Ministerio Público no se limitan a esa apartada y pobre comunidad. También entrevistarán a supuestos beneficiarios de cheques en Santiago, cabecera de la provincia veragüense.

De hecho, ya la fiscalía solicitó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que realice pruebas caligráficas de las firmas en los cheques que son objeto de investigación.

La cajera

Todas estas acciones forman parte de las averiguaciones que adelanta la fiscalía, tras una denuncia que interpuso la Contraloría General de la República contra una cajera del Banco Nacional de Panamá (BNP) por supuestas irregularidades en el cambio de cheques.

En este caso se investiga la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

En la denuncia, la Contraloría, a cargo de Federico Humbert, indica que la cajera del BNP cambió 318 cheques provenientes de las planillas de diputados de la Asamblea Nacional, proceso en el cual se calcula una posible lesión patrimonial de, al menos, $808 mil.

Auditoría especial

De hecho, la fiscal séptima Anticorrupción, Leyda Sáenz, solicitó una auditoría especial a la Contraloría para determinar si hubo irregularidades en los informes que sustentan los pagos de cheques por servicios profesionales y donaciones del Legislativo.

También pidió que se verifiquen los movimientos en las cuentas bancarias 10000178652 y 1000017864 –pertenecientes a la planilla por servicios profesionales y donaciones de la Asamblea–, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.

La resolución de la fiscalía que solicita la auditoría data del 9 de febrero pasado, y hasta la fecha no ha obtenido respuesta de la Contraloría, de acuerdo con un informe que el Ministerio Público facilitó a este medio al consultársele sobre el caso.

 

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