El blindaje en la directiva y la gerencia de Tocumen, S.A., empresa estatal que administra el principal aeropuerto del país, se produce cuando la terminal está inmersa en un ambicioso proyecto de expansión. El desarrollo incluye una nueva instalación que duplicará la capacidad de pasajeros actual y que podrá costar $936 millones, de acuerdo con las cláusulas incluidas en el contrato entre Tocumen, S.A. y la constructora Norberto Odebretch. Además, alrededor de la terminal se creará un complejo de negocios, convenciones y turismo, llamado ciudad aeropuerto, en el que se invertirán alrededor de $400 millones solamente en infraestructuras.
El proyecto de ley 688, que permitirá al gobierno de Ricardo Martinelli nombrar al gerente general y al presidente de la junta directiva por un período adicional de siete años, fue aprobado ayer en segundo debate.
El Gobierno replica el mismo esquema utilizado en la Autoridad Marítima de Panamá, la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, cuyos responsables fueron nombrados por períodos que trascenderán esta y la siguiente administración.