En una semana, Roberto Carretero y Carlos Caneto Araúz, dos de los tres principales empresarios supuestamente vinculados con los posibles sobrecostos en la compraventa de bolsas de comida al Programa de Ayuda Nacional (PAN), lograron salir de las celdas en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y pasaron a tener su casa como cárcel.
La flexibilización de la medida cautelar a Carretero y Araúz por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción –a cargo de Ruth Morcillo– que lleva esta investigación, se concretó luego de que ambos pusieron a disposición del Ministerio Público (MP) dinero que poseen en cuentas bancarias. Carretero cooperó con $1 millón y Araúz puso a disposición $2.5 millones.
Araúz y Carretero estaban detenidos desde el 24 de febrero pasado.
Según las investigaciones, tanto Carretero como Araúz crearon unas 30 sociedades anónimas en el último quinquenio y lograron facturar más de 126 millones de dólares en las administraciones de Giacomo Tamburrelli (2009–2012) y Rafael Guardia Jaén (2012–2014), estos últimos también detenidos e investigados por irregularidades en las contrataciones.
Juan Carlos Marciaga, otro empresario acusado en el caso de las bolsas de comida, ha corrido con menos suerte que Araúz y Carretero, a pesar de que puso esta semana a disposición del MP $2 millones.
Marciaga está detenido desde el 15 de febrero pasado en una celda de la DIJ en Ancón. Su defensa ya solicitó a la fiscalía que le cambie la medida de detención preventiva, tras haber cooperado en el proceso.
FAVORECIDOS Y CASTIGADOS
El lunes pasado, la Fiscalía Primera Anticorrupción ordenó la detención preventiva del exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima por la compraventa de granos al PAN.
De Lima fue enviado a la DIJ, pero el miércoles se le trasladó a una celda preventiva en la sede de la Policía Nacional en Ancón.
Mientras tanto, la ex viceministra de Economía Gladys Cedeño, quien responsabilizó a De Lima por el fraccionamiento de partidas presupuestarias por debajo de $300 mil para financiar la compraventa de granos a través del PAN, fue enviada de las celdas de la DIJ al Centro de Rehabilitación Femenino el pasado viernes.
Estas acciones motivaron críticas de diversos sectores. Víctor Orobio, abogado del exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, detenido en El Renacer, manifestó que hay privilegios y justicia selectiva en el caso de Frank De Lima y en el del exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, quienes están detenidos en las celdas de la Policía Nacional y no en una cárcel como sí lo está Cedeño y su cliente.
Ferrufino está detenido por los alquileres irregulares de helicópteros a través del PAN.
Con respecto a estas críticas, el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, explicó en recientes declaraciones que cuando la seguridad de un privado de libertad está en peligro por razones de otros detenidos, se le solicita a la Policía Nacional o a cualquier otro estamento de la fuerza pública –que tenga cárceles– que lo mantenga detenido en su sede hasta tanto se resuelva la situación de crisis que se vive en el resto de las cárceles del Sistema Penitenciario.
En el caso del traslado de la ex viceministra Cedeño a la cárcel de mujeres, aunque el Ministerio de Gobierno no ha dado una explicación oficial, fuentes de la entidad explicaron que se le ubicó allí porque se trata del único centro de cumplimiento femenino en la provincia de Panamá.
