SUPUESTOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Cárdenas, detenido en la DIJ

El exfuncionario habría cometido irregularidades que supondrían un perjuicio al Estado por $6.5 millones.

Edwin Cárdenas, exdirector del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), quedó detenido de forma preventiva en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) por orden de la fiscal cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo, por el supuesto delito contra la administración pública.

En junio pasado, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción le formuló cargos a Cárdenas tras una auditoría de la Contraloría General que determinó manejos irregulares durante su administración, que supondrían un perjuicio estimado al Estado por $6.5 millones.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, Cárdenas habría manejado de forma irregular los recursos del Fondo de Fideicomiso del Programa para la Solidaridad Alimentaria, ejecutado por el IMA durante su gestión, entre julio de 2014 y abril de 2015, cuando renunció al cargo por las críticas de su labor, que incluían casos de nepotismo.

Por estas mismas irregularidades, Morcillo formuló cargos a dos funcionarios del IMA, tres de la Contraloría, dos exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y a un empresario.

Cárdenas fue detenido por orden de Morcillo este viernes al concluir su indagatoria por estos supuestos delitos, y luego fue trasladado a la sede de la DIJ, en Ancón.

Este sería el primer funcionario de la administración de Juan Carlos Varela en ser detenido de forma preventiva por supuestos actos irregulares en su gestión.

Al respecto, el mandatario afirmó que Cárdenas “es una persona amiga mía. Su familia estuvo conmigo en la campaña (...) y espero que pueda salir adelante, aclarar esta decisión. Pero hay que respetar la decisión del Ministerio Público y del sistema judicial y, sobretodo, hay que prevenir, hay que evitar manejar los recursos del Estado de cualquier forma que pueda ser cuestionado”.

De la gestión de Varela, a finales de 2015 se condenó a 42 meses de prisión a Grimaldo Córdoba, quien había laborado como promotor de la salud en el Ministerio de Salud. Sin embargo, no fue condenado por su labor como empleado público, sino ejercicio ilegal de la medicina.


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