La gran mayoría de los países democráticos tiene mecanismos que les permiten a los ciudadanos promover reformas legales de todo tipo. La Asamblea Nacional desde el año 2000 cuenta con una dirección encargada de promover la participación ciudadana.
Este despacho, adscrito en la actualidad a la Secretaría General del poder legislativo, tiene la función de recibir las propuestas o recomendaciones de los ciudadanos, evaluarlas y darles el trámite correspondiente, que bien puede ser su devolución a los ciudadanos por incumplir con los requisitos formales establecidos para la formación de las leyes o darle curso remitiéndolo a alguna de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional.
En el caso de la iniciativa impulsada por la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), Generación Movimiento Independiente por Panamá (Movin) y Generación sin Límites, que propusieron una modificación al tercer parágrafo del artículo 116 del Código Procesal Penal, para establecer la imprescriptibilidad de los delitos de peculado, entre otros, existe un requisito constitucional que, según el numeral 1 del artículo 165 de la Constitución Política, proponer reformas a los códigos del país está limitado a los ministros de Estado, a la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, de la Administración y a las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional.
Esta barrera se puede subsanar fácilmente, si la propia Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Constitucionales, que ya prohijó la propuesta presentada por los grupos de jóvenes mencionados, la respalda y la propone ella misma al resto de sus colegas.
*El autor es abogado