Las cuatro víctimas que presentó ayer la fiscalía en el juicio que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos confirmaron que sus correos y/o conversaciones fueron interceptadas durante el mandato de este, específicamente entre los años 2012 y 2014.
La primera víctima que rindió testimonio ayer durante la audiencia fue el empresario Stanley Motta, quien precisó que en enero de 2015 fue citado a la Fiscalía Auxiliar y allí reconoció dos correos que le fueron interceptados.
Relató que uno de los correos le fue remitido por Luis Emilio Mouynes, gerente de TVN-Canal 2, que guardaba relación con la salida de esa televisora del comentarista Fernando Correa.
Detalló que esta comunicación también fue dirigida a Jaime Arias y a otros directivos de la empresa, y que se trataba de algo personal.
Motta agregó que el segundo correo que reconoció le fue enviado por su primo Felipe Motta, quien le hacía un comentario sobre una modificación hecha por el gobierno de Martinelli para el impuesto de licores, que exigía cambios en el etiquetado y que con los vinos sería muy duro cumplir con dicha norma, debido a la gran cantidad de botellas que estaban en circulación.
El segundo en declarar como testigo fue el expresidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Francisco Sánchez Cárdenas, quien explicó que en 2015 acudió a la Fiscalía Auxiliar por voluntad propia y que al llegar fue atendido por el entonces titular de esa agencia de instrucción, Marcelino Aguilar.
Sánchez Cárdenas precisó que al acudir a la fiscalía, el 2 de enero de 2015, le fueron presentados 22 correos en los que aparecía su nombre junto al de otros dirigentes del PRD y que habían sido interceptados.
Sánchez Cárdenas informó a los jueces que entre esos correos se encontraba uno enviado a su copartidario Mitchell Doens, en el que analizaba estrategias para una reunión política.
También dijo haber reconocido un correo con detalles sobre una reunión sostenida con dirigentes del PRD en la residencia de su copartidaria Balbina Herrera.
La tercera víctima en comparecer ayer fue la dirigente magisterial Yadira Pino, quien relató que al acudir a la Fiscalía Auxiliar en marzo de 2015 le permitieron escuchar una serie de audios de conversaciones con miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses, en la que se desempeñaba con secretaria general, relacionados con acciones de protesta que se desarrollaron durante la administración de Martinelli.
La cuarta víctima fue el abogado Gabriel Carreira Pittí, quien dijo que en marzo de 2015 fue citado por la fiscalía para revisar una conversación que había sostenido con su colega Rosendo Rivera a través de WhatsApp, en la que le advertía que sus comunicaciones estaban interceptadas.
Carreira precisó que en la fiscalía le mostraron trozos de la conversación privada sostenida con Rivera que, según advirtió, nunca debió hacerse pública, por lo que dijo sentirse “indignado” por las interceptaciones.
La audiencia será reanudada hoy con la presentación de otros tres testigos.