La jueza de cumplimiento Angeline Adames negó una solicitud presentada por el empresario Raúl de Saint Malo para que se le sustituyera la pena a 5 años de prisión por blanqueo de capitales que se le impuso como parte del caso Odebrecht.
A través de su abogada, Nedelka Díaz, el empresario pidió que se le reemplazara la pena de prisión por trabajo comunitario, como profesor en la Universidad Marítima de Panamá (UMIP), tomando en cuenta que posee el título de ingeniero naval y tiene embarcaciones en las que podría adiestrar a los estudiantes de marina.
Sin embargo, la jueza Adames concluyó que en la petición no se cumplieron los requerimientos mínimos para el reemplazo de la pena de cárcel, entre ellos, el aval de la UMIP y la acreditación del Consejo Académico de esa universidad.
Adames, quien explicó que la naturaleza del trabajo comunitario es servirle a la comunidad y darle una retribución justa, advirtió que la abogada de De Saint Malo tampoco consignó en la solicitud información sobre la persona encargada de supervisar las actividades que realizaría su cliente.
De Saint Malo alcanzó un acuerdo de colaboración y pena con la Fiscalía Especial Anticorrupción en marzo pasado y como parte de este se le aplicó una pena de cinco años de prisión, que no ha comenzado a regir todavía.
Al ser consultada sobre la petición de De Saint Malo de reemplazar la pena de cárcel por trabajo comunitario, la fiscal Tania Sterling opinó que con ello no habría retribución social, dada la gravedad de la conducta delictiva y la sanción aplicada.
Sterling detalló que, como parte del acuerdo con la fiscalía, De Saint Malo devolvió $1.9 millones y dos embarcaciones valoradas en $1.8 millones.
De acuerdo con la investigación, el empresario reconoció que por instrucciones de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares –hijos del expresidente Ricardo Martinelli– efectuó pagos para la compra de un helicóptero que posteriormente fue aprehendido bajo sospecha de haber sido adquirido con dinero ilícito.