El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, manifestó ayer que “está seguro” de que la Sala Penal de la CSJ “le imprimirá la velocidad correspondiente” al caso de envenenamiento masivo con dietilenglicol.
Las declaraciones del magistrado surgen luego de que se diera a conocer que el caso podría prescribir a partir de febrero próximo, ya que se cumplen seis años de que el Segundo Tribunal Superior de Justicia llamara a juicio a los implicados, pero aún no hay sentencia definitiva.
“Ese es un caso importante para la Sala Penal”, dijo Ayú Prado, quien de paso recordó que está impedido en el proceso debido a que, siendo procurador general de la Nación, actuó en la investigación.
Gustavo Pereira, fiscal especial para este caso, reveló que unas 300 personas aún se encuentran a la espera de ser incluidas en la lista de personas certificadas oficialmente como afectadas por el tóxico, que fue agregado a un jarabe para la tos que fabricó la Caja de Seguro Social.