Han transcurrido 36 meses desde que el Ministerio Público (MP) inició la investigación por la compraventa de granos con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN); sin embargo, aún no se fija una fecha de audiencia por este caso.
El dato es recordado en el monitoreo de denuncias de corrupción a julio de 2017, elaborado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, que indica, además, que en el Segundo Tribunal Superior siguen pendientes varias apelaciones a incidentes y recursos para el cambio de medidas cautelares impuestas a los imputados.
Asimismo, el informe señala que dicho tribunal sigue sin definir la posible acumulación de este proceso con el que se sigue a Rafael Guardia Jaén por supuestamente “lavar” dinero en la banca local.
La vista fiscal del caso fue enviada al Juzgado Decimoquinto Penal hace 16 meses.
EL NEGOCIO
Según la investigación de la fiscalía, una red organizada operada por empresarios estaba detrás de los millonarios contratos del PAN para la compra de granos que serían repartidos en escuelas de difícil acceso.
Así fue revelado en enero de 2015 por Guardia Jaén, quien fungió como director del PAN entre 2012 y 2014, al rendir declaración indagatoria. Guardia Jaén estuvo detenido en la cárcel El Renacer desde noviembre de 2014 hasta la pasada semana, cuando le fue concedida una medida de impedimento de salida del país.
Según Guardia Jaén, el modus operandi fue el siguiente: un mismo proveedor armaba un paquete de tres empresas con sus respectivas ofertas. Una de estas compañías reunía todas las condiciones para adjudicarse el contrato de compraventa de lentejas, porotos y frijoles.
Detalló que el mismo proveedor presentaba tres cotizaciones de diferentes empresas con distintos dignatarios, o a veces pedía empresas prestadas a otro proveedor, para que estas presentaran ofertas superiores y lograr con ello la adjudicación del contrato.
La red tenía pleno conocimiento del procedimiento para adjudicar las compras, debido a que todo estaba planeado antes, dijo.
En su indagatoria, Guardia Jaén contó que recibía instrucciones de Adolfo Chichi De Obarrio, entonces secretario privado del mandatario Ricardo Martinelli. Él ordenaba a qué empresa sería adjudicada la licitación, precisó Guardia Jaén.
LA LESIÓN
En noviembre de 2015, la Contraloría General de la República determinó, a través de una auditoría, que por estas transacciones se habría causado una lesión patrimonial al Estado de 12.3 millones de dólares.
De acuerdo con la auditoría, el PAN realizó pagos a los proveedores por $9.2 millones, sin que se evidenciara cuál sería el destino de los granos adquiridos. Igualmente, que los productos fueron comprados a un precio superior al de referencia establecido por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).
Por ejemplo, se pagó de $75 a $80 por cada quintal de arroz adquirido, pero el precio de referencia era de $49. Algo así ocurrió con las lentejas: se pagó el quintal a $100, cuando el precio era de $55.
Adicionalmente, se pagó $125 por cada quintal de poroto o frijol chiricano, pero estos granos tenían un precio de referencia de $97.67 y $80, respectivamente.
MP pide enjuiciar a 55 personas
Por la compra y venta de granos a través del extinto Programa de Ayuda Nacional, el Ministerio Público (MP) solicitó el llamamiento a juicio de 55 personas, entre ellas, 17 exfuncionarios y 38 particulares.
Entre los exfuncionarios figuran: Rafael Guardia Jaén, exjefe del PAN; Frank de Lima, extitular del Ministerio de Economía y Finanzas; Ángel Famiglietti, exjefe de Nutrición del PAN; Adolfo De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli. Además, pidió encausar criminalmente a los empresarios Roberto Brin, exjefe de Compras del Súper 99; y Mario Martinelli, hermano del expresidente Martinelli, entre otros.
También solicitó sobreseer provisionalmente a los exministros Lucy Molinar (Educación), Guillermo Ferrufino (Desarrollo Social) y Roberto Henríquez (Presidencia).