Cuatro de las cinco investigaciones de alto perfil que, de acuerdo con la procuradora Kenia Porcell están en riesgo de quedar impunes, se encuentran en diferentes despachos judiciales.
La investigación por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en la compra de Editora Panamá América, S.A., supuestamente con fondos públicos, está en el despacho de la jueza decimoctava penal, Baloisa Marquínez, quien negó darle más tiempo al Ministerio Público para continuar la pesquisa.
En tanto, el proceso que investiga la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en la casa de valores Financial Pacific está en manos del juez séptimo penal, Felipe Fuentes, quien también negó la petición de declararlo complejo.
Mientras, la pesquisa, que busca determinar si hubo lavado de dinero en los sobornos que pagó Odebrecht a través de bancos suizos, también está en manos de Marquínez, quien se inhibió de declarar complejo el caso y está ahora en el Segundo Tribunal.
A su vez, el proceso del fallido proyecto de Riego de Tonosí lo tiene la jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, quien debe resolver un amparo de garantías.