El Parlamento de Cataluña votó ayer a favor (72 de 135) de celebrar un referendo de independencia a más tardar en septiembre de 2017, una propuesta impulsada por el presidente catalán, Carles Puigdemont.
La votación es un nuevo desafío a la justicia, que horas antes cargó contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otro dirigente de la coalición en el poder regional, Francesc Homs. Concretamente, el Tribunal Constitucional pidió a la Fiscalía del Estado que, emprender “acciones penales” contra Forcadell, por permitir que se tramitara el 27 de julio en la cámara un plan secesionista.
En tanto, el Tribunal Supremo inició trámites para “proceder penalmente” contra Homs, alegando que habría cometido delitos de desobediencia y prevaricación (emprender algo a sabiendas de que es improcedente) al promover una consulta independentista en 2014, que no tuvo validez legal, porque el Constitucional se la negó.