La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) presentó una propuesta de reformas a cinco artículos de la Constitución Política, específicamente en el título sobre administración de justicia.
La propuesta, presentada por Gabriel Barletta, presidente de la Cciap, extiende de 10 a 20 años el periodo constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además, propone que se modifiquen los requisitos para ser magistrado, incrementando la edad mínima de 35 a 45 años, y de 10 a 15 los años de experiencia en el ejercicio del derecho.
La iniciativa mantiene la facultad constitucional del Consejo de Gabinete de nombrar a los magistrados, pero se establece que la designación se hará de una lista que le proporcionará una Comisión Nacional de Evaluación y Postulación, integrada por nueve miembros que representan a gremios de la empresa privada, de la academia, clubes cívicos, oenegés, colegios de abogados, trabajadores y representantes del Ejecutivo.
En cuanto a la ratificación de los magistrados, según la propuesta, se requeriría de la aprobación de dos tercios de la Asamblea Nacional. Actualmente se precisa la mayoría absoluta.
Si no se logra la mayoría calificada en el Legislativo, el pleno de la CSJ designaría al nuevo magistrado de forma temporal, así como a los suplentes de la sala donde se produce la vacante.
El Ejecutivo debería enviar un nuevo candidato para su ratificación en un plazo de 60 días. Este candidato también tendría que salir de la lista que le proporcione la Comisión de Evaluación.
En cuanto a la función judicial del Legislativo, se plantea que la Asamblea conocería de las denuncias que se presenten contra el presidente de la República y los magistrados de la CSJ, y los juzgaría. Pero la investigación sería efectuada por el Ministerio Público (MP).
En cuanto a la CSJ, esta conocería las denuncias contra los diputados y los juzgaría, pero la investigación también la haría el MP.
Sobre los procuradores de la Nación y la Administración, se propone mantener su nombramiento por 10 años, pero los designados por el Ejecutivo saldrían de la lista de la Comisión de Evaluación.
La propuesta señala que el Órgano Judicial elaboraría su propio presupuesto y este no podría ser modificado por el Ejecutivo.
Barletta expresó que la propuesta es producto del trabajo desarrollado por constitucionalistas que se reunieron durante más de un año y que concluyeron que el “centro de la democracia es la justicia”.
Juan Planells Fernández, rector de la Universidad Santa María la Antigua e integrante del Observatorio del Sistema Judicial, dijo que los cambios propuestos son necesarios y confía en que los diputados se empinen sobre sus mezquindades y aprueben las reformas.
El objetivo de la Cciap es que las reformas sean aprobadas según el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución, es decir, en tres debates por esta Asamblea y que sean ratificadas por los diputados elegidos en 2019.