El Centro Carter, organización dedicada a observar los procesos electorales, así como a reforzar los sistemas democráticos de la región, instó al fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, a realizar su trabajo ante las denuncias de supuesta utilización de recursos públicos para proselitismo político.
De acuerdo con el centro, la ley electoral de Panamá no regula el financiamiento de las campañas, por lo que no existen límites a las contribuciones o al gasto, ni tampoco se exige que los candidatos revelen los ingresos percibidos.
“Existen normativas que prohíben el uso de recursos públicos a favor de algún candidato, y que prohíben la publicidad sucia. Ambas condiciones deberían ser debidamente investigadas por el fiscal electoral”, destaca la organización en un informe realizado este mes.
El llamado de atención surge justo cuando varios sectores de la sociedad civil, así como miembros de diversos gremios del país, exigen a Peñaloza que investigue las denuncias que se han presentado en su despacho, así como las que se han hecho de forma pública.
Peñaloza, en cambio, ha preferido mantenerse en silencio y con bajo perfil en los últimos meses.
Solo el pasado 2 de enero, cuando se instaló el período de sesiones ordinarias de la Asamblea, rompió el silencio y pidió a los que denuncian las irregularidades que presenten pruebas, porque la entidad que preside fundamenta sus investigaciones en pruebas, “no en linchamientos mediáticos”.
Gremios como el Colegio de Abogados, así como los magistrados del Tribunal Electoral, han cuestionado duramente el papel de Peñaloza, quien fue militante del gobernante partido Cambio Democrático.
Coinciden en que la actitud del funcionario genera suspicacias en el sentido de que podría estar favoreciendo a los candidatos oficialistas.
“Peñaloza es un atentado a la democracia. Los panameños debemos estar muy atentos al proceso electoral, ya que no contamos con la institución encargada de investigar los delitos electorales y exigir su condena”, destacó Jorge Barakat, miembro del Partido Panameñista y quien integró la Comisión Nacional de Reformas Electorales.
Para Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, el Centro Carter hace un claro llamado de atención al fiscal para que cumpla con lo que establecen las leyes.
INQUIETUDES
El Centro Carter, fundado en 1982 por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, realizó la evaluación del proceso electoral del 14 al 18 de enero pasado, tras una invitación que le realizara el Tribunal Electoral, y a escasos cuatro meses para las elecciones generales.
De acuerdo con la organización, una delegación integrada por cuatro personas encontró que las organizaciones de la sociedad civil y los actores económicos y políticos del país, “están comprometidos” con el proceso electoral.
Igualmente destacaron que “existe una confianza generalizada en la capacidad e integridad del Tribunal Electoral para organizar las elecciones”.
No obstante, advierten de que la delegación recogió “varias preocupaciones” como la percepción del debilitamiento de la separación de los poderes, en este caso los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; señalan que hay campaña desiguales y un sesgo en los medios de comunicación, “incluidas críticas percibidas por algunos como injustificadas hacia el gobierno.
“Esto confirma muchas de las preocupaciones que tenemos los panameños”, añadió Maribel Jaén.
La delegación, integrada por Carlos Ayala, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y miembros del grupo Amigos de la Carta Democrática Interamericana; Jennifer McCoy, directora del Programa de las Américas del centro; MarceloVarela-Erasheva, director adjunto del programa Carter; y Ana Caridad, oficial de esta organización, se reunió el 16 de enero con el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez.
En un comunicado de la Presidencia se informó que los delegados “descartaron que vayan a suscitarse actos de violencia en las elecciones panameñas, al observar que hay un clima de tranquilidad en el país”.