El Parlamento chino aprobó ayer una polémica ley sobre la ciberseguridad, que limita la libertad de expresión en internet y obliga a las empresas, incluidas las extranjeras, a cooperar con el Estado para “proteger la seguridad nacional”.
El Parlamento también aprobó una ley de censura cinematográfica, que prohíbe, a partir de marzo de 2017, los contenidos considerados como perjudiciales para “la dignidad, el honor y los intereses del país”.
En el caso de internet, el gobernante Partido Comunista de China (PCC) restringe desde hace tiempo el acceso a los sitios extranjeros (entre ellos, Google, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram o Dailymotion), gracias a un sofisticado programa llamado Gran Muralla Electrónica.
Los artículos, blogs, foros y comentarios en las redes sociales también pueden ser censurados o simplemente borrados.
La ley, aprobada por el comité permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP), aporta a la censura y la vigilancia de internet un cuadro legal. La ley está centrada en la protección de las redes nacionales y los datos personales de los 710 millones de internautas que hay en China. Pero, al mismo tiempo, la nueva ley prohíbe a los internautas la publicación de contenidos que atenten contra “el honor nacional”, “perturben el orden económico o social” o destinados a “derrocar el sistema socialista”, es decir, el PCC.
La ley, que entrará en vigor el 1 de junio de 2017, prohíbe el anonimato en internet y exige que las empresas, incluidas las extranjeras, identifiquen a los usuarios.
Las empresas tendrán además la obligación legal de aportar “soporte técnico y ayuda” a las autoridades en el caso de investigaciones de crímenes o delitos. “Esta ley peligrosa ordena a las empresas de internet a ser, de hecho, agentes del Estado, al pedirles que ejerzan la censura y aporten datos personales de los usuarios a las autoridades”, declaró Patrick Poon, investigador de la organización Amnistía Internacional.