La Prensa descubrió la existencia de, al menos, cuatro demandas no contenciosas de “título constitutivo de dominio” sobre las mejoras construidas en terrenos ajenos, interpuestas por los arrendatarios de los terrenos universitarios en fincas próximas a la terminal aeroportuaria: Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A. y el Consorcio Pacífico Atlántico, S.A., sociedades lideradas por la familia Hanono Wiznitzer.
En todas ellas, el Órgano Judicial le reconoció millonarias sumas por las infraestructuras construidas, y no hubo oposición por parte de la Universidad de Panamá (UP).
A juicio de abogados consultados, esto contradice el texto de los contratos de arrendamientos, que indican que tras el periodo de alquiler –de 20 años prorrogables– las infraestructuras retornarían a la UP.
Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A. –que construyó el centro logístico “Parque Sur”– interpuso tres demandas entre 2011 y 2012, y las sentencias de estos procesos suman $12.3 millones, que equivale a la inversión reconocida en las mejoras, que consistían en edificios de bodegas con estacionamientos, patio de contenedores, calles, garita e infraestructuras.
“Es necesario resaltar que en el ínterin no se apersonó persona alguna para hacer valer sus derechos, ni medió oposición a la solicitud impetrada...”, indica una de las sentencias a favor de Parque Sur.
La apoderada de la UP fue Luz Fuentes, aunque Vicente Archibold era el entonces director de Asesoría Jurídica, quien dijo que sugirió que se desestimara la demanda, pero las demandas “nunca” llegaron a su despacho.
En tanto, el Consorcio Pacífico Atlántico, S.A., que construyó un hotel y el Global Business Terminal –que construirá una plaza comercial en 20 hectáreas en Tocumen– interpuso otra demanda constitutiva de dominio en 2015 y el juzgado le reconoció $14.5 millones por el edificio de seis niveles, la garita y los estacionamientos. En este proceso tampoco participó la apoderada de la Universidad, por lo que el tribunal notificó por escrito, indica el documento.
El exdirector de Contrataciones Públicas Alexis Zuleta explicó que este título constitutivo de dominio funciona como un seguro a la inversión de los arrendatarios, y que en caso de una petición de nulidad de contrato, los fallos de sus demandas los blindarían.
La Prensa preguntó a Gustavo García de Paredes cuántas demandas de este tipo se interpusieron por las mejoras en los terrenos universitarios y por qué la UP no se opuso a estos procesos, pese a que estaba pactado que estas mejoras retornarían a la UP. Sin embargo, el rector ignoró el cuestionario en, al menos, cuatro correos enviados a la Rectoría.