Casi un año después de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenara a la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional tomar una decisión sobre el doble salario de 29 diputados suplentes, esa instancia sigue sin acatar el fallo.
Desde que la Corte emitió la sentencia el 23 de mayo de 2017, la Comisión de Credenciales ha tenido tres presidentes, pero ninguno le ha dado prioridad al tema, pese a los llamados del procurador de la Administración, Rigoberto González, para acatar la sentencia. La Asamblea tampoco ha obedecido el fallo de la Corte que obligó a la presidenta de ese órgano, Yanibel Ábrego, a suministrar información de los contratos de servicios profesionales, documentos que, según el tribunal, son de carácter público.
Suplentes de diputados siguen con dos salarios
La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional sigue sin acatar un fallo dictado en mayo de 2017 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que la obliga a tomar una decisión sobre los diputados suplentes que cobran dos salarios: del Legislativo y de otras entidades del Estado.
Desde esa fecha, tres presidentes de la comisión han dilatado el tema: los panameñistas Jorge Alberto Rosas (julio de 2016 a junio de 2017); Luis Eduardo Quirós (julio de 2017 a finales de febrero pasado); y el diputado de Cambio Democrático (CD) Fernando Carrillo, quien la controla actualmente, luego de que CD y el Partido Revolucionario Democrático se la quitaran al Partido Panameñista.
Y el tema vuelve al debate. Agustín Sellhorn, suplente de su esposa, la diputada de CD Marylín Vallarino, en una carta le pidió a la comisión que declare “la vacante absoluta” de Alida Spadafora, suplente de la independiente Ana Matilde Gómez; y de Armando Guerra, suplente de Rosas.
Sellhorn, quien está en el ojo de la tormenta porque en la planilla 080 figuran sus hijas con salarios elevados, afirma que ambos aceptaron un segundo cargo cuando ya eran diputados suplentes, acto que, afirma, “viola la Constitución”.
Spadafora y Guerra forman parte de los 29 diputados suplentes que fueron denunciados ante la Corte el 13 de julio de 2015 por el abogado Ernesto Cedeño, por cobrar doble salario.
De acuerdo con la planilla del Municipio de Panamá hasta marzo de 2018, Spadafora tiene el cargo de administradora y gana $3 mil 500. Mientras, Armando Guerra es el subdirector de la Lotería Nacional de Beneficencia, con un salario de $6 mil.
‘Que se separe’
En la nota, Sellhorn también exigió separar de la comisión a la diputada Gómez, argumentando que, como principal de Spadafora, “no puede constituirse en juez y parte”.
El suplente de Vallarino también reveló que ha hecho este pedido cuatro veces.
A su vez, Gómez dijo que tan pronto se incluya el tema en el orden del día no participará en la sesión. “Yo tengo muy claro el conflicto de interés. Es más, tengo una propuesta sobre el conflicto que aún no la aprueban en la Asamblea”, añadió.
‘No es lo mismo’
Por su parte, Carrillo explicó que existe una diferencia entre los suplentes que aceptaron un segundo salario antes de ser diputados con los que aceptaron el puesto siendo ya diputados.
“No debemos confundirnos. En la Corte se presentó una denuncia contra varios, pero hay diputados suplentes que ya ejercían o estaban nombrados en el Gobierno y hay diputados que cobran por ser jubilados. Entonces, no todos los que fueron denunciados han aceptado un segundo salario una vez se instalaron como diputados suplentes”, argumentó.
“Nosotros vamos a revisar y analizar todo para tomar una decisión”, acotó.
Pese a que la Corte emitió su fallo en mayo de 2017, los cuestionamientos por el doble salario de los suplentes surgieron desde 2015, cuando Cedeño presentó una denuncia ante la Corte.
Debido al poco interés que la Comisión de Credenciales ha manifestado por el tema, Cedeño dice: “no quieren afectar a los suplentes, falta de integridad”.
El fallo
Con ponencia del magistrado Abel Zamorano, la Corte dictó un fallo el 23 de mayo de 2017, en el que concluyó que la comisión “debe actuar de conformidad con el numeral 6 del artículo 50 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, en concordancia con el artículo 156 de la Constitución, a fin de calificar y emitir dictamen sobre la pérdida del cargo de diputado o diputada”.
El artículo 156 de la Constitución dice que los diputados principales y suplentes no podrán aceptar ningún empleo público remunerado cuando estén ejerciendo el cargo.
Si lo hicieren, se producirá la vacante absoluta del cargo de diputado principal o suplente, según sea el caso.
En 2015, tras este escándalo, el contralor general de la República, Federico Humbert, ordenó a todas las instituciones públicas no pagar salario a los diputados suplentes de la Asamblea y del Parlamento Centroamericano que recibían dos emolumentos, pero estos presentaron un amparo de garantías ante la Corte, que fue acogido.
Los fallos de la Corte deben ser acatados, señala el procurador
El procurador de la Administración, Rigoberto González, ya ha advertido varias veces al poder legislativo que debe acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Manifestó, por ejemplo, que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional no debe entrar a discutir y determinar si acata o no el fallo, sino que está obligada a cumplirlo. “Eso de tratar de darle vuelta e interpretarlo de otra manera es un riesgo para el orden constitucional. Yo le
diría a la Asamblea, con mucho respeto, que le preste atención a esto, porque así como hay fallos que cumplen los particulares, con mayor razón debemos cumplir los que ocupamos cargos públicos”, advirtió.