La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional decidirá hoy si acoge o no varias modificaciones propuestas para el proyecto de ley 597, que busca inhabilitar de manera permanente a quienes sean condenados a cinco o más años de prisión por la comisión de delitos contra la administración pública.
Ayer fue la última reunión de la subcomisión designada para analizar el proyecto de ley, en la que el Colegio Nacional de Abogados (CNA) presentó sus consideraciones por escrito.
El CNA cuestionó imponer sanciones de por vida, pues alegó que ello va contra los principios de rehabilitación y defensa social establecidos en la Constitución. Abogó, en cambio, por una pena de inhabilitación accesoria “dentro de un término prudencial, razonable y proporcional con el hecho”.
La Procuraduría de la Administración y el Ministerio Público avalan la propuesta, aunque coinciden en que necesita reformas. El Tribunal de Cuentas dice que el proyecto excluye a los funcionarios electos, pues solo aplicaría para los nombrados.