La Comisión de Estado por la Justicia solicitó al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, que le informe “cuáles fueron los criterios que se siguieron para la escogencia y nombramiento de los 931 funcionarios a formar parte del Sistema Penal Acusatorio” en el Primer Distrito Judicial.
De igual manera, la Comisión, integrada por agrupaciones de la sociedad civil y representantes de los órganos Judicial, Ejecutivo y Legislativo, pide a Ayú Prado que señale “cuál fue el sustento legal que se siguió para no hacer estos nombramientos de acuerdo con lo previsto en la Ley de Carrera Judicial”.
Ayú Prado admitió que los nombramientos se hicieron sin cumplir con la ley de Carrera Judicial.