Un grupo de políticos y juristas que integran una comisión anticorrupción en Ecuador presentó ayer a la fiscalía un pedido de investigación al vicepresidente Jorge Glas, a un exministro y a otros cinco exfuncionarios a los que se acusa de haber recibido coimas por 3.33 millones de dólares en sobornos.
El vocero de este grupo de origen ciudadano, Jorge Rodríguez, afirmó que el fiscal general “obligatoriamente” tendría que iniciar una acción de investigación previa. “No le vamos a dejar al fiscal... que archive todas las denuncias” y añadió que tienen la documentación suficiente para probarlo.
De acuerdo con un comunicado de la comisión, se suscribieron subcontratos entre la compañía ecuatoriana Caminosca y las empresas fantasma Asesorías Australes y Crown Mergers and Acquisitions, mediante transferencias bancarias a cuentas en las Bahamas y Brasil.
Al respecto, Glas dijo esta semana: “Lo que han hecho es presentar un documento mutilado, una copia sin ningún tipo de apostillado, quitando páginas relevantes que son contundentes”. Durante la campaña política que llevó al poder al actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, Glas, reelecto en el cargo en los comicios generales de este año, también fue señalado por la oposición como parte de la red de corrupción de la compañía brasileña Odebrecht, lo que él ha negado insistentemente.
Glas acudió voluntariamente a la Asamblea y luego a la Fiscalía a rendir testimonio acerca de esta trama de corrupción que causó la renuncia del contralor general, Carlos Pólit, mientras que el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera, un empresario y un tío de Glas están detenidos entre otros presuntos involucrados.
PIDEN LIBERTAD
Entre tanto, los presuntos beneficiarios de los sobornos millonarios de Odebrecht en República Dominicana le pidieron ayer a la Suprema Corte de ese país que les suspenda la prisión preventiva con el argumento de que no existe peligro de fuga ni evidencia concreta en su contra.
La cámara penal de la Suprema Corte abrió la audiencia para debatir caso por caso la apelación de cada uno de los 10 implicados, entre ellos Temístocles Montás, quien fungía como ministro de Industria y Comercio al momento de su arresto en mayo.