óRGANO JUDICIAL

Comisión de Estado pide reunión al pleno de la Corte Suprema de Justicia

La instancia considera que son preocupantes las actuaciones de jueces y magistrados del Órgano Judicial.

Comisión de Estado pide reunión al pleno de la Corte Suprema de Justicia
El procurador Rigoberto González (centro a la derecha) dijo que la solicitud de reunirse con los magistrados de la Corte fue una decis

Tras las reiteradas críticas de dirigentes de diferentes sectores del país, que se han levantado en los últimos meses contra la actuación de jueces y magistrados, la Comisión de Estado por la Justicia remitió una carta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que le conceda cortesía de sala.

La comisión hizo la solicitud la semana pasada, luego de una reunión en la que, de manera unánime, decidió sentarse a analizar con los magistrados la crisis por la que pasa la justicia en el país. Así lo anunció el procurador de la Administración y coordinador de la Comisión de Estado por la Justicia, Rigoberto González.

Entre los temas que abordará la comisión con el pleno de la Corte está la crisis que existe en el sistema de justicia y la puesta en marcha de la carrera judicial.

A juicio de Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y quien forma parte de la Comisión de Estado, el tema de la carrera es parte de la crisis, ya que no se hacen los concursos, no hay estabilidad en los nombramientos, no se nombran jueces de forma permanente.

Aseguró que tampoco se implementa la jurisdicción de transparencia, que debe conocer de las denuncias contra los jueces.

En agosto pasado, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, denunció que los casos en los que el Ministerio Público investiga corrupción y blanqueo de capitales corren el riesgo de quedar impunes. Cuatro de estas investigaciones de alto perfil se encuentran en diferentes despachos judiciales.

Otro aspecto que generó críticas hacia la Corte fue el fallo de la magistrada Ángela Russo –avalado por el resto del pleno– que admitió un amparo y anuló parte de la investigación de la compra de 19 radares a la empresa Selex, caso por el que se le formularon cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública al exministro de Seguridad José Raúl Mulino y al exviceministro de esa cartera Alejandro Garuz.


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