Ministros de Defensa de Centroamérica, México y Colombia opinaron que fue “excesivo” el gasto de 24 millones de dólares que hizo el gobierno de Ricardo Martinelli en pertrechos antidisturbios, que, en su mayoría, están apiñados en una bodega del Servicio de Protección Institucional (SPI).
Lo anterior fue revelado ayer por el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, quien anunció que “devolverán al proveedor el material innecesario” y que, además, interpondrá acciones penales y procesos en el Tribunal de Cuentas contra quienes resulten responsables por estas compras con posibles sobreprecios.
De los 24 millones de dólares, al menos 15 millones de dólares fueron desembolsados por el Ministerio de la Presidencia, cuyo titular era por entonces Roberto Henríquez. Los 9 millones de dólares restantes fueron autorizados por el exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino.
Ambos exfuncionarios –que fueron dirigentes de la Cruzada Civilista– justificaron la adquisición de estos equipos antidisturbios arguyendo que se necesitaban en ese momento y que Panamá le debía a Honduras y Colombia un préstamo de bombas lacrimógenas.
EVALÚAN VENTA
El ministro Aguilera también reveló que conversará con estamentos de seguridad de países vecinos para ofrecerles en venta estos pertrechos antidisturbios, aunque tengan una pérdida.
En una entrevista concedida a La Prensa, el exministro Mulino dijo que sería un “error” vender estos equipos, porque hay que tener bien equipada a la Unidad de Control de Multitudes para evitar la “anarquía total en el país”, aunque la mayoría ahora está en manos del SPI.
Y es que la mayor parte del material comprado fue para equipar a la unidades del SPI, que rara vez han tenido que hacerle frente a manifestaciones o disturbios.
Los equipos fueron vendidos por un grupo empresarial liderado por Félix Fallabella, uno de los principales proveedores de armas y municiones de los estamentos de seguridad durante el gobierno de Martinelli.
Las compañías de Fallabella vendieron a Henríquez y Mulino productos con las mismas especificaciones, pero sus precios variaron a pesar de que el negocio se hizo con un intervalo de 22 días.
En el contrato firmado por Mulino, por ejemplo, cada granada lacrimógena triple fase CS costó 85.10 dólares, mientras que el mismo producto para el SPI costó 77.38 dólares, es decir, hubo una diferencia de 7.72 dólares por unidad: un sobreprecio total de 115 mil 800 dólares.
Eso no es todo. Mulino también pagó 108 mil 675 dólares por una caja de 12 mil proyectiles de pimienta. Por esa misma caja, Henríquez solo pagó 94 mil 500 dólares.
Por esta significativa diferencia de precios en equipos antidisturbios “innecesarios” es que Aguilera dijo que emprenderán acciones legales.