Cientos de miles de bombas lacrimógenas y sus respectivas armas lanzadoras, medio millón de proyectiles con gas pimienta y hasta granadas de humo, son algunos de los equipos antidisturbios que adquirió el gobierno de Ricardo Martinelli en las postrimerías de su mandato.
Todos estos pertrechos fueron almacenados en depósitos del Servicio de Protección Institucional (SPI) –el cuerpo armado que protege al Presidente y quien le asigna funciones– a solo unas semanas de las elecciones del 4 de mayo, a pesar de que son contadas las veces que sus unidades han tenido que enfrentar manifestaciones violentas.
Irónicamente, estos equipos de represión fueron comprados en un lapso de seis meses por un antiguo miembro de la Cruzada Civilista: El exministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, quien justificó la adquisición de los pertrechos arguyendo que por entonces los inventarios de equipos de control de multitudes estaban muy bajos y hasta agotados.
Henríquez reveló que fueron los directivos del SPI que determinaron el criterio técnico de esas compras, en base a las necesidades de su institución.
También contó que parte del material sería entregado a dos países cercanos que, en el quinquenio pasado, dotaron a la Fuerza Pública panameña con bombas lacrimógenas para hacerle frente a manifestaciones.
La Prensa revela a partir de mañana qué otros equipos de tecnología avanzada para reprimir protestas compró el gobierno de Martinelli, sus respectivos costos, quién fue el proveedor beneficiario, cuándo se recibió el material y qué acciones tomará la gestión del presidente Juan Carlos Varela ante gigantesca compra.
Ex miembros de los estamentos de seguridad coincidieron en que se trata de una compra sin precedentes, porque ni en los tiempos de la dictadura que, coincidentemente combatió el exministro Henríquez, se compraron tantos equipos y pertrechos de represión.
En tanto, el exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, también defendió esta adquisición aduciendo que “el orden público en un sistema democrático es fundamental, si no, Mulino, que fue otro miembro de la Cruzada Civilista, descartó que es esa compra guarde relación con el proceso electoral tal como en su momento denunciaron organizaciones civiles en torno a que el Gobierno de Martinelli tenía en su agenta “violar” las leyes electorales para perpetuarse en el poder.
Los detalles, mañana, lunes, en la edición impresa de La Prensa.