El Segundo Tribunal Superior de Justicia concedió ayer la medida cautelar de impedimento de salida del país al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, pero deberá permanecer en su casa por una medida restrictiva dictada previamente por la Fiscalía Segunda Anticorrupción que lo investiga por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
En un fallo del pasado 22 de septiembre y con la firma de los magistrados Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz se revocó una decisión del Juzgado Decimoprimero Penal, que abrió causa criminal contra Ferrufino y mantuvo su detención preventiva por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
Para sustentar su decisión ambos magistrados detallaron que en el caso de Ferrufino no existe peligro de fuga ya que mantiene domicilio y familia en la ciudad de Panamá. Además, que no existe riesgo de destrucción de pruebas, debido a que el proceso está para fijar fecha de juicio de fondo.
Otras de las consideraciones de los magistrados para cambiar la medida cautelar al exfuncionario es el hecho de que este se encontraba detenido desde el 8 de mayo de 2015.
No obstante, en su fallo los magistrados del Segundo Tribunal Superior explican que en este caso son del criterio de la existencia de un hecho punible y la vinculación del acusado.
Como parte del fallo se cita un antecedente de la Sala Penal de la Corte, suscrito por el magistrado Jerónimo Mejía que señala que “ni siquiera frente a la comisión de delitos graves, es obligatorio la imposición de una determinada medida cautelar personal, como lo es la detención preventiva, porque son las mismas exigencias cautelares del caso concreto las que deben orientar al funcionario competente para decretar la medida”.
El fallo también confirmó los sobreseimientos dados por el Juzgado Decimoprimero Penal a favor de Roberto Delgado Herrera, Martha Herrera y Miguel Ángel Herrera, a quienes la Fiscalía Primera Anticorrupción señalaba como vinculados al delito de enriquecimiento injustificado.
En este punto, los magistrados del Segundo Tribunal establecieron que la fiscalía no pudo probar que los terrenos comprados en El Valle de Antón, así como un inmueble en La Chorrera, fueron adquiridos de forma ilícita.
A eso de la 1:00 p. m., Franklin Amaya, abogado de Ferrufino, entregó a la Policía la notificación para que este fuera trasladado a su residencia.
Amaya confirmó que su cliente debe permanecer en su residencia hasta que la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que lo investiga por el alquiler de aeronaves con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), determine otra medida cautelar.
Un grupo de familiares, entre los que se encontraba su esposa Milena Edith Vallarino de Ferrufino, sus hijos y amigos, saludaron al exministro antes de abordar un vehículo blanco, que era escoltado por dos funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.
El exministro y su familia fueron escoltados hasta su residencia, ubicada en Albrook Field, en donde también habrá vigilancia policial para que cumpla con la medida de arresto domiciliario.
Situación difícil
En un breve encuentro con la prensa Ferrufino aseguró que “ha sido algo muy difícil estar un año y ocho meses detenido”. Hizo un llamado a lo que llamó“ paz y [a la] reconciliación”.
Aseguró que no guarda rencor contra las personas que lo han llevado a la cárcel con lo que él considera “malas auditorías”.
En su opinión en su caso ha habido violaciones al debido proceso, situación que han denunciado sus abogados y miembros del partido Cambio Democrático, al cual pertenece.
“En las próximas semanas pediré un nuevo cambio de medida cautelar para poder trabajar y sacar a mi familia adelante”.
Otros procesos
Además de la investigación por enriquecimiento injustificado que se encuentra pendiente de juicio, Ferrufino enfrenta un proceso en la Fiscalía Segunda Anticorrupción por la supuesta comisión del delito de peculado en contratos de avionetas y helicópteros pagados por el PAN, en los que se calcula una lesión patrimonial de unos 10 millones de dólares en el período 2009–2014. La Contraloría, en su auditoría sobre el tema, pone en duda que estos servicios hayan sido prestados.
En este caso figuran otras 16 personas, en su mayoría exfuncionarios del pasado gobierno.
El exministro de Desarrollo Social también mantiene un proceso por la presunta comisión del delito de corrupción de servidor público por la adquisición irregular de un vehículo. Este proceso también está pendiente de juicio de fondo en el Juzgado Decimotercero Penal. Aquí figuran otras dos personas, que tienen medida cautelar de impedimento de salida del país.
A la vez es investigado por la supuesta comisión del delito contra la administración pública por la compra presuntamente irregular de bolsas de granos a través del PAN, por un monto de 12.3 millones de dólares. Ferrufino, además, era miembro de la junta directiva del PAN.