El Juzgado Quinto Civil de Panamá condenó al exadministrador de la desaparecida Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) Julio Ross a pagar 1.5 millón de dólares en concepto de daños y perjuicios al empresario Jean Figali, que lo había demandado por calumnia e injuria en 2008.
Según el juez Juan Bosco Molina, el demandado causó daños morales y perjuicios materiales a Figali al dar declaraciones a este diario el 28 de enero de 2008.
En esa nota Ross dijo: “No podemos hacer nada para cobrarle a Figali porque existen demandas en la Corte que nos amarran [...] da pena decirlo. No hay forma de pararlo; con instrumentos legales tiene congelada la anulación de los contratos. Como panameño, pienso que eso es un insulto”.
Molina opinó que Ross erró al señalar a Figali como el responsable de la deuda que tenía con la entidad el Grupo F. Internacional, S.A., pues el empresario era solo su representante legal.
El fallo dice que Ross no debió mencionar a Figali como responsable de esa deuda porque “una cosa es la persona jurídica propietaria de las concesiones y otra la persona natural que la representa”.
En el fallo se indicó, basado en resultados de exámenes psicológicos y contables, que Figali resultó “con afectaciones emocionales, en su honra, dignidad, prestigio y decoro por las declaraciones de Ross”.
La defensa de Figali pidió una indemnización por 25 millones de dólares, pero Molina fijó el monto citado.
En su defensa Ross dijo ayer que lo que declaró en 2008 “lo mantengo”. “No fue un error. El Grupo F. Internacional es Figali y eso lo sabe todo el mundo. Además, no sé cómo han podido admitir esta demanda porque lo que yo dije fue como funcionario y no como particular”, indicó, al tiempo que anunció que apelará.
Figali fue sobreseído provisionalmente la semana pasada por el Juzgado Decimosegundo Penal en el proceso que se le seguía por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y falsedad de documentos públicos. Según el juzgado, no se acreditaron los delitos por los que estuvo preso 10 meses.
El Gabinete autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir un convenio de transacción extrajudicial con Grupo F. Internacional, S.A. por un monto de $29.9 millones, informó un comunicado de la Presidencia. Este convenio incluiría la entrega voluntaria al Estado de bienes inmuebles que se encuentran dentro de la concesión del grupo, y aquellos bienes muebles necesarios para las operaciones que se desarrollan sobre las parcelas 4, 5 y 7 de Amador, para cancelar las obligaciones pendientes de Grupo F. con el Estado.