El Tribunal del Vaticano –que no es religioso sino estrictamente estatal, y está presidido por el juez laico Giuseppe dalla Torre– se declaró finalmente incompetente por un defecto territorial en la jurisdicción que impide al Estado Vaticano juzgar a los periodistas italianos Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi que investigaron y publicaron en Italia los pufos económicos y las corruptelas que se urdían en las finanzas de la Santa Sede.
También fue absuelto uno de los miembros de la comisión instituida por Francisco para limpiar los pufos de la Curia Romana, Nicola Maio. En cambio, la justicia vaticana ha condenado a 18 meses de prisión al sacerdote español Lucio Vallejo Balda y a su cómplice, la ex relacionista pública italiana Francesca Chaouqui, por robo y divulgación de documentos confidenciales.
Chaouqui –que dio a luz la semana pasada a un niño al que llamó Pietro (Pedro), con el que acudió a las dos últimas audiencias– no irá a prisión porque el Tribunal dispuso la suspensión de la pena.
De los tres funcionarios del Vaticano que operaban en la Comisión de investigación instituida por el papa en 2014 para sanear las cuentas, solo ha estado en la cárcel del Vaticano Vallejo Balda.
Lo curioso de todo este embrollo es que la serie de irregularidades económicas quedaron tapadas –no se sabe si intencionalmente o no– por el intercambio de pesadas acusaciones, que incluían amenazas de la peor calaña y hasta escenas sexuales en un hotel de Florencia, entre el cura español y la laica italiana que finalmente fueron los únicos condenados.
El caso es que los descarados desmanes y las sombras de poder y lujo poco piadosas entre algunos cardenales de la curia romana destapados en los libros, no solo no han sido desmentidos, sino que se han convertido en una verdad incómoda para el Vaticano, que algunos habrían preferido seguir guardando bajo llave.
Respecto al juicio a los periodistas, muchos expertos vaticanistas concluyeron que una condena de este tipo a la libertad de expresión sería un duro golpe a la denostada Santa Sede. Si bien, el ordenamiento jurídico del Vaticano no contempla la tutela de la libertad de expresión de los ciudadanos, algo ya de por sí criticado por asociaciones de prensa de todo el mundo.
El desarrollo del juicio –al que solo tuvo acceso un número limitado de periodistas y previa autorización del Vaticano– se asemejó más a una pantomima grotesca, que un proceso que busca reconstruir fielmente los hechos acaecidos.
Para empezar, es difícil entender el criterio adoptado por la fiscalía que no llamó a testificar a los demás miembros de la Comisión instalada por Francisco; ni al marido de la única mujer imputada, un informático que también trabajó para el Vaticano y que se hizo con las claves de los documentos secretos que fueron filtrados a los periodistas.
Durante las tediosas audiencias, al puesto de la taquígrafa judicial, un anciano escriba, sin prisas, tecleaba con sus dos dedos índices paulatinamente en un mamotreto de ordenador las declaraciones que los testigos debían dictar casi separando por sílabas las palabras. Las declaraciones de la lista de testigos han sido tan aburridas que en ocasiones han provocado que más de uno se quedara dormido.
El presidente del Tribunal del Vaticano, Giuseppe Dalla Torre, más que un juez, se comportó durante el proceso como un director de escena que admite o rechaza a las personas que debe subir al estrado y que está más preocupado por evitar un ulterior escándalo para el Vaticano que en intentar alcanzar la verdad.
Por ejemplo, dalla Torre dispuso que era innecesaria la comparecencia de dos cardenales citados por abogada de Chaouqui, el secretario de Estado, Pietro Parolin, y el cardenal español Santos Abril, violando un principio básico del derecho a la defensa. Y era notable el compadreo existente entre los fiscales y el juez.
Otro de los elementos que hicieron que este juicio se asemejara a una farsa es que era impensable el veredicto del juez retuviera culpables a los periodistas. Al final no han tenido más remedio que declarar su incompetencia territorial.
Esta circunstancia esperpéntica, más propia del corral de comedias español del siglo XVII que de una sede judicial del siglo XXI, recuerda al caso Vatileaks, en el que el mayordomo fue condenado a un año y seis meses de prisión por haber robado a Benedicto XVI algunas de sus cartas privadas y pasárselas precisamente a Nuzzi, otro de los imputados del actual proceso. El papa alemán acabó indultándolo y poco después renunció a su cargo dejando al descubierto las guerras por el poder y el dinero que se libraban en el interior del Vaticano.
Todos se hacen ahora la misma pregunta: ¿concederá Bergoglio la gracia a los condenados?
ALGUNOS HECHOS
CORRUPCIÓN.
Los dos periodistas escribieron sendos libros en 2015, basados en las recomendaciones de la comisión, y destaparon un escándalo de corrupción entre obispos y cardenales, sus lujosos apartamentos, los altos costos para lograr una canonización y la pérdida de millones de euros para la Santa Sede por la subvaloración de bienes inmobiliarios.
CONTRASEÑAS.
El prelado Lucio Vallejo Balda, el segundo a cargo de la comisión, admitió en el tribunal que le dio a Nuzzi 85 contraseñas para acceder a documentos secretos, y que lo hizo porque se sentía presionado para hacerlo. Negó que los periodistas lo hubieran presionado.