La junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) autorizó en 2010 la compra de 14 consultorios valorados en $298 mil 792, en el mismo edificio donde está ubicado el P.H. Consultorios Médicos San Judas Tadeo, con la idea de mejorar la atención que se brinda en el Hospital Susana Jones, ambos ubicados en Villa Lucre, San Miguelito.
No obstante, una serie de procesos legales promovidos tanto por los médicos que imparten la medicina privada en el San Judas Tadeo -quienes se oponen a la atención médica masiva en el P.H.-, como por los representantes de la CSS -que intentan ingresar al inmueble-, ha impedido que se pueda hacer uso de los 14 consultorios para brindar el servicio a los asegurados.
La cronología
Los registros históricos de la CSS dan cuenta de que el 9 de agosto de 2011 esa entidad suscribió un contrato de compra y venta con el HSBC Bank (ahora Banistmo, S.A.) para adquirir 14 fincas (consultorios) ubicadas en el P.H. Consultorios Médicos San Judas Tadeo. Esto ocurrió un año después de que la junta directiva de la CSS autorizara dicha transacción.
Pero no fue sino hasta 2014 cuando se protocolizó la compraventa de los consultorios médicos en el Registro Público.
A raíz de esto, la junta directiva del P.H. presentó varios recursos legales contra el contrato de compraventa, entre ellos un amparo de garantías constitucionales que, sin embargo, no fue admitido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución del 2 de junio de 2014.
La directiva del P.H. también presentó un proceso contencioso administrativo, con el propósito de que se declare nulo por ilegal el referido contrato.
No obstante, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró el 9 de agosto de 2017 que el contrato suscrito por la CSS “no era ilegal”.
Dicho fallo, que lleva la firma de los magistrados Luis Ramón Fábrega, Abel Augusto Zamorano y Cecilio Cedalise, señala que dentro de la legislación panameña “no existe” limitación en el sentido de que las entidades estatales, de cualquier índole, tengan la posibilidad de adquirir bienes inmuebles incorporados al Régimen de Propiedad Horizontal, a fin de prestar servicios públicos.
En la decisión de la Sala Tercera también se hace referencia a que antes de adquirir la propiedad, la CSS hizo consultas al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para determinar si había impedimento de que la entidad fuera propietaria de bienes regidos por el régimen de propiedad horizontal, a lo que el Miviot respondió que no había impedimento y que, si bien la asamblea general de un inmueble que se haya acogido al régimen de propiedad horizontal es la máxima autoridad en la administración del edificio, las actuaciones de la misma deberán estar sujetas a las leyes vigentes.
Por tal razón, la Sala Tercera manifestó que, en este caso concreto, “de modificarse el reglamento de copropiedad vigente, tal modificación no podría contener una limitación en cuanto a libre disposición que puedan llegar a tener los propietarios sobre los inmuebles”.
Incluso, como parte de ese proceso legal se le pidió la consulta al procurador de la Administración, Rigoberto González, quien señaló que al momento en que la CSS formalizó el contrato de compra y venta, el reglamento de copropiedad del referido P.H. no señalaba limitaciones en cuanto al carácter exclusivo de atención privada, como sí lo tiene establecido actualmente.
Luis Carlos Candanedo, asesor legal de la Dirección de Bienes y Raíces de la CSS, dijo estar al tanto de esa decisión de la Sala Tercera que les dio la razón. Sin embargo, subrayó que están a la espera de una decisión sobre una apelación que presentó en otra instancia .
Revés para la CSS
Resulta que el 9 de septiembre de 2015, la Dirección de Legal de la CSS interpuso un proceso civil en contra de la administración del P.H. Consultorios Médicos San Judas Tadeo, para que se les permitiera la ocupación de los 14 consultorios y que se declarara a la administración del P.H. como la responsable de los daños y perjuicios a la CSS por unos $2.5 millones hasta esa fecha.
Según cálculos de la propia entidad, cada 13 meses se dejan de ofertar 128 mil citas médicas que, al aplicarle el costo de $19 por cada consulta especializada, arroja un monto de $2.5 millones .
No obstante, el Juzgado Segundo Civil negó las pretensiones de la CSS el 31 de mayo de 2017, lo que motivó que la Dirección de Legal presentara una apelación formal a la sentencia, la cual no ha sido resuelta.
Héctor Palacio, subjefe del departamento de Bienes Raíces de la CSS, indicó que además de todo esto siguen pagando poco más de $4 mil al mes en cuota de mantenimiento por los consultorios que no están usando y que serían utilizados para consulta de especialidades.
Estos consultorios beneficiarán a asegurados que vienen de los corregimientos de Pedregal, Juan Díaz, Tocumen y 24 de Diciembre, en el distrito de Panamá. A su vez, a los asegurados de todo el distrito de San Miguelito.
Como este tema no se ha podido resolver y debido a los problemas de espacio que afronta el Susana Jones, la CSS trasladó el servicio de especialidades a ocho consultorios habilitados en el tercer piso de la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, en calle 25 Calidonia, los cuales deben ser compartidos.
Los acercamientos
El 9 de octubre de 2017 se efectuó una reunión entre los representantes de la CSS y los de la directiva del P.H., que es presidida por el médico Eric Díaz, con el fin de llegar a un acuerdo.
Omar Herrera, jefe del Departamento de Bienes Raíces de la CSS, contó que en el encuentro se presentaron varias opciones, aunque no se ha tomado una decisión.
Una opción es que la CSS compre todo el edificio, donde hay unos 84 consultorios; y otra es que venda a la administración del P.H. los 14 consultorios de la CSS.
Según Herrera, esperan los avalúos de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas para presentarlos al Despacho Superior.
Se consultó sobre el tema a Díaz, quien también trabaja como médico especialista en la CSS desde 1999, y dijo que desde 2010 se advirtió de que se trata de un inmueble “solo para uso privado”.
“Hemos pasado muchas demandas”, dijo, y aseguró que daría más detalles del conflicto, pero al cierre de está edición no respondió.
Emma Pinzón y Roger Barés, dirigentes de los pacientes, coincidieron en que el tema se debe resolver. “No estoy de acuerdo con ningún tipo de lesión patrimonial a la CSS”, indicó Pinzón.
En tanto, Rolando Villalaz, quien fue director de la CSS en el gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004), dijo que la administración de la entidad no ha sabido ejercer su autoridad en este caso, pese a que la Sala Tercera le dio la razón.